La última entrega de títulos ocurrió el fin de semana en San Miguel de Velasco. Se autorizaron asentamientos en una superficie de 127.965 hectáreas por parte de 69 comunidades, que constituyen casi 2.500 familias. El presidente cívico del bloque chiquitano señaló que, en los últimos meses, se ha dado luz verde a la propiedad de la tierra a más de mil comunidades en San José de Chiquitos, San Ignacio, Charagua y otras subregiones del departamento.

Hay que partir del principio de que, quien no tiene tierras y las necesita, debe tener el derecho de acceder a las mismas, pero en el marco de una planificación adecuada, en coordinación con los gobiernos subnacionales afectados y en condiciones igualitarias para occidentales y orientales. En este caso no ha sido así. La ley establece la creación de una Comisión Agraria Nacional, que debe coordinar con las comisiones agrarias departamentales, integradas por municipios, gobernaciones y otras instituciones vinculadas al agro. Ninguno de esos ámbitos funciona desde hace una década y las titulaciones parecen estarse dando más en función de interés político partidario que en base a criterios técnicos y profesionales.

Llama la atención de que una dirigente indígena de la Chiquitania exhortó a los campesinos que recibían títulos “a ser gratos con el Gobierno de Evo Morales”, inscribirse y votar en las elecciones. La afirmación es clara y contundente, aunque un viceministro pretenda desviar la atención hacia el racismo y la discriminación. Si lo dicho por la líder originaria se replica en otras zonas, puede estarse dando una estrategia de traslado de comunidades afines al MAS para ocupar territorio y ganar electores.

Por otro lado, el director nacional del INRA ha admitido que hay tierras tituladas que son posteriormente vendidas por los beneficiarios, lo cual evidencia un tráfico y un descontrol inaceptables.

La Chiquitania tiene un suelo con vocación forestal y ganadera, no necesariamente agrícola; sin embargo, se dota 50 hectáreas por familia y no se hace seguimiento a la producción que desarrollan las que deciden quedarse. Ya se ha visto en Roboré cómo se taló un importante espacio de bosque seco chiquitano, causando daños ambientales que pueden ser irreversibles. ¿Quién controla? Cuando los municipios denuncian, el Gobierno tacha a sus autoridades de racistas y no escucha, ni hablar de coordinación. Queda la impresión de que la titulación se impone, guste o no, especialmente a quienes no son del Gobierno.

Será importante que el presidente explique a este departamento qué está pasando y que ordene transparentar la información, que el INRA responda todas las dudas. El problema es una bomba de tiempo que debe ser desactivada de inmediato.