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Medio: Oxígeno Digital
Fecha de la publicación: martes 26 de marzo de 2019
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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La modificación reduce el plazo de 150 a 120 días entre el lanzamiento de la convocatoria y la realización de los comicios de autoridades nacionales y subnacionales del Estado Plurinacional.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica al Parágrafo I del Artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral. La norma fue remitida al Senado para su aprobación y puesta en vigencia.
La fecha fijada para las elecciones generales en Bolivia fue el 27 de octubre, sin embargo, el presidente Morales y luego el canciller Pary informaron al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que ese mismo día se desarrollarán comicios en Argentina y Uruguay. Por eso, el OEP adelantó las elecciones generales al 20 de octubre.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Constitución, Lino Cárdenas, justificó que el objetivo es garantizar el derecho al voto de los bolivianos residentes en otros países. “Nosotros como Estado no podemos restringir derechos establecidos en la Constitución y operativizado por la Ley del Régimen Electoral y en muchas disposiciones legales que avalan que nuestros compatriotas bolivianos puedan votar, pero hay aspectos que pueden inviabilizar ese derecho vulnerando el principio de igualdad democrática”, señaló.
Es así que la modificación a la Ley Electoral consiste en reducir el plazo de 150 a 120 días entre el lanzamiento de la convocatoria y la realización de los comicios de autoridades nacionales y subnacionales del Estado Plurinacional.
“La decisión de modificar la fecha de las elecciones tiene todo el respaldo legal y no hay una razón importante para no dar curso para que nuestros compatriotas puedan ejercer su derecho al voto”, ratificó Cárdenas.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que no se puede vulnerar el derecho al sagrado ejercicio de la ciudadanía de los bolivianos que radican en estos dos países.
“No es uno, son más de 120 mil ciudadanos bolivianos que viven en la Argentina y no se puede vulnerar su derecho a la participación y al ejercicio a la ciudadanía establecido en el Artículo 26 de la CPE”, ratificó.