En Chiquiacá, el lunes, se determinó rechazar cualquier ingreso de las petroleras al área de San Telmo Norte, pedir la abrogación de todo el armazón legal en el que se ha asentado la operación y mandar una comisión a La Paz para notificar la determinación. Tarija, mientras tanto, se solidariza con un paro cívico en el que hay confirmados 70 puntos de bloqueo que se coordinan vía redes y que han revitalizado la actividad cívica, además de minimizar la manipulación política.

Personas

El Ministerio de Hidrocarburos indicó que 70 personas de Chiquiacá Norte y Centro apoyaron la exploración

Petrobras, mientras tanto, no ha retornado por el cantón desde que el 21 de marzo, cuando su representante en Bolivia apareció junto al presidente de YPFB Óscar Barriga y el de YPFB Chaco detrás del operativo policial que se abrió hueco hasta la comunidad de Chiquiacá Norte para decir que no había nada que dialogar pese al acta firmada el 1 de marzo.

Insistencia

Ayer fue la Directora General de Medio Ambiente, aún interina, Claudia Mendoza, quien explicó detalles técnicos que favorecen a la empresa petrolera transnacional con una evidente voz quebrada y titubeante. “No es explotación, esta licencia ambiental es para la exploración. En el caso de que no fuera viable el pozo tendría que irse a un cierre, que está en la documentación. Si fuera exitoso tendrían que pedir una nueva licencia ambiental que determine cuál va a ser el área de afectación y pasar por un nuevo proceso de licenciamiento”.

Este proceso en fases es cuestionado jurídicamente, pues la Constitución habla claramente de una “consulta previa”, mientras que en el caso concreto de San Telmo Norte, primero se anunció su entrega a Petrobras, luego se aprobó la Ley en Diputados y Senadores, luego la promulgó el presidente Evo Morales en abril 2018 en Bermejo, y finalmente, se fue a hacer la consulta solo a los comunarios de Chiquiacá Norte. El propio Eduardo Paz, Presidente de YPFB Chaco, socia de Petrobras en esta área, indicó en su momento que el proceso de licenciamiento cuesta un millón de bolivianos, motivo por el cual, dijo, se hace en el momento pertinente.

En ese sentido, Mendoza explicó que se “presentó una ficha ambiental y que obtuvo categoría 1, dentro de ese proceso nos aseguramos que sea la consulta previa exista, para dar paso a la revisión”. También explicó que se han pedido planes de contingencia para diferentes ámbitos y precisó un dato: la afectación sería en 20,3 hectáreas, algo también cuestionado por la población chiquiaqueña, que entiende que una perforación a 5 o 6.000 metros de profundidad generara algo más de impacto.

Población se suma al paro cívico

Más allá de las instituciones que decidieron apoyar el paro cívico convocado por el Comité el pasado viernes, los mensajes de apoyo circularon por las redes sociales y las páginas más habituales de los tarijeños. La situación es inédita, pues hay escasos antecedentes de una ciudad del tamaño de la de Tarija parando por un bien común como una Reserva Natural.

Las principales instituciones del departamento, el Transporte Federado, los sindicatos de micro y de taxi indicaron que se plegaron a la medida y que se instalarán unos 70 puntos de bloqueo en toda la ciudad. También las universidades y las principales instituciones participarán de la medida, que obtuvo un gran eco a nivel nacional donde también se han organizado protestas.

Uno de los técnicos del Ministerio, Vicente Romay, incidió también en que “no se ha dado la licencia ambiental para cualquier cosa, se ha dado apertura de camino, habilitación de planchada, campamento, pero más allá no puede. Una ampliación de cualquier otra actividad debe ser autorizado mediante procedimientos establecidos”. Ha tenido dos procesos de consulta, uno de consulta y participación que lo realiza el Ministerio de Hidrocarburos, y otro de consulta pública que lo realiza la empresa.

Por último, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos en Tarija, Willy Ríos, aseveró que “lo que pasa que hay Chiquiacá norte y Chiquiacá centro, tenemos un acta donde firman 70 personas, 4 firman que no están de acuerdo, y eso pasa en un proceso de consulta previa. Pueden estar de acuerdo o no. Hay una mayoría de las personas que se ha consultado. Lo que pasa que hay gente que hace correr la voz o que mal entienden esto, gente que de momento no están en la zona de influencia del proyecto, gente de Pampa Redonda, San José, por intereses que nosotros desconocemos están procediendo al bloqueo y a crear este conflicto. Como bien ha dicho el Ministerio, esto es para pozo exploratorio, los Domo Osso X1 y Domo Osso X2, son 20,3 hectáreas”.

Ríos además insistió en que la exploración en áreas protegidas es factible desde el punto de vista técnico y además, desde posible por la Constitución Política del Estado “que permite la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales”.