El abogado constitucionalista César Cabrera asegura que “no es casual” que en algunos casos el Gobierno —con su “brazo operador”, el Ministerio de Justicia— comande acciones en contra de autoridades electas a nombre de lucha contra la corrupción, coadyuvado por ciertos operadores políticos.

Uno de los últimos hechos sucedidos fue el problema de la basura en la ciudad de La Paz, con el colapso de una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma. El alcalde Luis Revilla acusó al Gobierno de usar el tema para afectar su imagen.

Al no tener la venia del MAS, vecinos del sector y alrededores, bajo la tutela de un “operador político” del gobernante, dejaron que la ciudad sede del Gobierno se inunde de basura, porque activaron acciones para que el municipio paceño no deposite la basura en otra celda habilitada, tampoco en el municipio de El Alto, pese a que se había logrado un acuerdo, dijo el vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal.

“Esto hace que el MAS vea en el alcalde Revilla un enemigo, un contrincante al que le tiene miedo y además pues tratan de afectar a Revilla para afectar a la alianza Comunidad Ciudadana, que también sus propias encuestas le dicen que está bien encaminado”, dijo.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, rechazó las acusaciones de Revilla y dijo que el problema de la basura no debe “prestarse a juegos políticos”

La Alcaldía de Santa Cruz no estuvo exenta de los problemas. Un escándalo afectó a la entidad edil por la suscripción de un contrato con Mahssrl, como única empresa con todos los permisos para instalar vallas en vía pública.

A ello se sumó al denuncia de que una cantante que también era funcionaria se benefició con varios contratos y también favoreció a determinados artistas. Las denuncias sacaron a la luz las pugnas entre sectores de la Alcaldía y la sociedad cruceña ante lo que será un inminente cambio en la conducción del municipio, debido a que el actual alcalde Percy Fernández ya no repostularía.

Oruro también fue objeto de denuncias de hechos de corrupción por la compra de mochilas chinas. Entre los denunciantes se encontraba un concejal del MAS y otros afines. Por este caso, el entonces alcalde de la ciudad de Oruro, Edgar Bazán, fue aprehendido por la presunta compra de mochilas chinas con sobreprecio y causando un supuesto daño económico al Estado de 2 millones de bolivianos. Fue enviado a la cárcel.

Otro hecho que causó indignación en esta región fue la detención del alcalde de Caracollo, Juan Chino Salinas, quien fue acusado por el delito de manejo indebido de bienes del Estado. El edil, afín al MAS, fue acusado por los mismos concejales de su partido.

Por otra parte, en Riberalta, Beni, un concejal y un funcionario fueron detenidos por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas.

En El Alto también se registraron movilizaciones los primeros días de marzo: vecinos de varios distritos pidieron obras y la renuncia de la alcaldesa Soledad Chapetón.

Lo propio sucedió en Warnes, con bloqueos que duraron varios días en febrero pasado.

El Gobierno creó una comisión de acción rápida contra la corrupción para intervenir instituciones con denuncias.
Al menos siete alcaldías en cinco departamentos tuvieron protestas las últimas semanas.

COMISIÓN DE ACCIÓN INMEDIATA

La comisión de Acción inmediata tiene la facultad de intervenir alcaldías o gobernaciones que tengan sospechas de indicios de corrupción. Está conformada por la Policía, el Ministerio de Justicia, el de Gobierno, la Fiscalía, la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Financieras y la Procuraduría.

LA PAZ Y EL ALTO, CON MAYOR PRESIÓN

Las presiones políticas y las movilizaciones se concentran a sobre todo en los municipios de La Paz y El Alto, ambas con jefes ediles opositores al Gobierno del MAS. Según un conteo de Los Tiempos, El Alto soportó sólo en tres meses más de cinco conflictos con bloqueos, la mayor parte impulsadas por afines al MAS.

En La Paz, en tanto, se registraron tres conflictos con medidas de presión, organizadas por sectores vecinales afines al partido de Gobierno, como el dirigente Jesús Vera, y transportistas. Ambos denunciaron que el MAS moviliza a estos sectores, aunque el oficialismo rechaza este extremo.

“AL MAS NO LE INTERESA RESOLVER LA CORRUPCIÓN”

Para el abogado constitucionalista y expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, César Cabrera, los conflictos municipales se dan en un contexto preelectoral y aseguró que estos problemas de corrupción son usados por el MAS para aleccionar a sus bases y castigar a los opositores.

“Recordemos que estamos en un año electoral. El MAS busca generar este tipo de situaciones, no es casual todo lo que ocurre en varios municipios del país. Por un lado, busca generar espacios para sus militantes, por otro, aleccionar a sus seguidores y también castigar a sus opositores”, dijo.

Recordó que hay varios procesos de corrupción que no avanzan (Camce, Taladros, Banco Unión), pero que otros de opositores sí tienen resultados, o en todo caso hay algunos procesos “pequeños” que el MAS usa como un “escenario distractivo”.

“El propósito de remoción de autoridades, de investigaciones de corrupción, es para probar el poder que tienen sobre sus militantes, y si se trata de opositores para descabezarlos de cara a las elecciones”, opinó.

“El Gobierno busca generar este tipo de escenarios distractivos por una parte, pero por otro lado también buscando generar espacios para sus militantes. Al Gobierno no le interesa resolver los casos de corrupción”, aseveró.