“Han frenado mi caso con un autoconstitucional, no puedo hacer nada. Estoy pidiendo a Sucre, los magistrados de Sucre no se manifiestan hasta ahora. El apoyo que nos da el Tribunal Electoral sirve para permanecer en el cargo como concejal titular pero igual me siguen maltratando”, dijo Juana Choque, concejala del municipio de Sica Sica.

Relató que quienes posesionaron en el Cantón Copancara han emitido un auto constitucional que está apelando en el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre, pero igual se agravó el acoso y la violencia contra Choque porque “las esposas de los magistrados” la agredieron intentado votarla de las gradas; “me jalonearon, no sé, qué quieren esas autoridades”, exclamó.

El otro caso es de la concejala Vicencia Huanca del municipio de San Pedro de Kurawara a quien le iniciaron un proceso disciplinario desde el mismo Concejo Municipal, es decir los acosadores, conformaron una Comisión de Ética, donde sistematizaron sus “inasistencias” a las sesiones de Concejo.

“Todo el tiempo ocultan las convocatorias a las sesiones del Concejo, nunca me hacer saber ni conocer, me agreden en la comunidad, dejo los memoriales no atienden, me han cambiado de jurisdicción, estoy sufriendo mucho, el Tribunal me ha ayudado a seguir como autoridad, pero nada más”, manifestó la concejala que sufre acoso y violencia política, hace dos años.

Como estos dos casos, hay más testimonios pero piden no ser identificadas porque temen por sus hijos y otros parientes. Ellas mismas reconocen el trabajo del Órgano Electoral, pero se resignan.

Hasta la fecha no avanzó ningún caso y este tipo de denuncias las han remitido a otras jurisdicciones, es decir, a lugares que están cerca a los municipios, o sea cantones, donde se agrandó el acoso y violencia política.

EL DIARIO consultó con parlamentarios y analistas; sobre las limitaciones que tiene el TSE desde su observatorio de Género y Paridad; y más aún que en estos días está en pleno debate y por aprobarse el proyecto de Ley de “Abreviación Procesal Penal”, donde las plataformas de mujeres contra la violencia y patriarcalización se activen para coadyuvar en los procesos de denuncia.

Esta propuesta fue remitida por el Ministerio de Justicia pero lo anunció el Ministro de Gobierno, en domingo 10 de marzo, por lo que se conversó con el parlamentario Wilson Santamaría cómo podría insertarse el acoso y violencia política contra las mujeres autoridades que no ven ningún avance en sus denuncias en la Fiscalía y más bien fueron remitidas a otras jurisdicciones.

“Debería estar incluido el tema del acoso político (…). Acobol tiene que revisar el rol porque no se trata solo de hacer denuncias deberían tener un equipo jurídico a disposición de las concejalas que sufren acoso y violencia política y el Órgano Electoral está en un conflicto porque no puede ser parte y contraparte en este tipo de acciones”, afirmó.

En cambio, la politóloga Érika Brockman dijo que el único caso de violencia política que progresó fue el de la excandidata a Gobernadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, que, sin embargo, no corresponde porque ella fue denunciada por malversación de fondos en el Fondo Indígena (Fondioc).

“Le está acusando al diputado Rafael Quispe de acoso y violencia de género, cuando hay hubo antes de esa acusación un informe de Contraloría de los desfalcos de Fondioc, entonces yo creo que esto es un exceso y eso no puede explicarse precisamente como acoso y violencia”, indicó Brockman.

Agregó la analista, que el “régimen” del MAS y de Evo Morales, ha hecho de la violencia, indistintamente a hombres y mujeres, un hecho cotidiano de la política y del discurso.

Y lo peligroso es que hay una causal agravante, en la medida en que todo el sistema está concibiendo a la política como un espacio de luchas y agravios permanentes que obviamente es parte del acoso y violencia, ha de ser un ingrediente que ha de tener cada vez más presencia en la política y más aún con este proceso electoral, precisó Brockman.