Los nuevos asentamientos en Santa Cruz han puesto en estado de emergencia a la región chiquitana. En este marco, autoridades departamentales exigen que se respeten las normas y no descartan que estas acciones tengan fines electorales.
El alcalde de San Miguel de Velasco, Oscar Hugo Dorado, expresó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no les ha comunicado nada oficial, son más de 50 comunidades entre campesinos e interculturales que no pertenecen a la zona de la chiquitanía y son gente llegada del interior del país.
Dorado indicó que estos asentamientos vienen desde el Gobierno Nacional para una campaña política y tomar las tierras de la chiquitanía que es el sustento de todas las familias que pertenecen a la zona, y ahora se ven desplazados por las resoluciones del INRA para dotar las tierra que son alrededor de 130.000 hectáreas.
Por otro lado, en la reunión que tuvo ayer el presidente del comité cívico departamental  con las autoridades y cívicos de Velasco manifestó que no tienen que dejar pasar estos atropellos y dejando desplazados a los chiquitanos que vienen trabajando por años y de la noche a la mañana le cambien la vida a un pueblo. 
Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, manifestó que está de acuerdo con una dotación de tierras, pero respetando las leyes y en coordinación con las autoridades regionales. 
“Vemos que no hay una consulta con los caciques, indígenas ni con las máximas autoridades de cada región”, añadió.
Por su lado, Alcides Villagómez, asambleísta departamental por la provincia Ángel Sandóval, no descartó que estas acciones obedezcan a fines electorales pues no es la primera vez que el gobierno central lo hace en campaña proselitista. “Las tierras no deben ser distribuidas de manera política”, dijo Villagómez.
Ambas autoridades coincidieron que el sábado en el Cabildo Indígena que se realizará en San Miguel de Velasco se asumirán posiciones en defensa de la chiquitania y en contra de los avasallamientos de tierras.