Ya no cabe la menor duda que el adelantamiento de las elecciones presidenciales, programadas inicialmente para el 27 de octubre de 2019, haya sido decretado por el Tribunal Supremo Electoral para el 20 de octubre, con el fin de evitar su coincidencia con los sufragios del Uruguay y de la Argentina que, por lo establecido en la Constitución y las Leyes electorales de ambos países, deberán celebrarse el domingo 27 de octubre de 2019. 

Ante el ostensible agotamiento del gobierno, y su porfiado intento de perpetuarse en el poder, no es difícil suponer que éste acuda a las mismas prácticas vedadas que le permitieron el éxito en similares eventos anteriores, mediante el dispendio de ingentes recursos del Estado y las consabidas artimañas que utilizó en tales ocasiones, como el tratar de desconocer el resultado del histórico referéndum del 21 de febrero de 2016, que le fue adverso, repudiando la voluntad popular que se manifestó en ese contundente NO ganador, que ha quedado como un referente de protesta hasta nuestros días.

Conscientes del poder del mantra “Bolivia dijo NO”, el gobierno ha empezado a arbitrar una serie de subterfugios que lo neutralice y, uno de los más efectivos que parece haber sido descubierto es echar mano al voto de compatriotas que radican en 33 países del exterior. En el referéndum de marras, salvo en la China donde prevaleció el NO, posiblemente debido a la lejanía, votaron por el SI solo India, Irán, Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela.

A la luz de lo expuesto, es necesario acotar que desde el 2016, las circunstancias políticas han variado substancialmente, baste citar a naciones como: Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Chile y muchos otros que han cambiado el sistema populista que los gobernaba, por otro que aisló a Bolivia, hasta el extremo de dejarnos como una bacteria infecciosa en el continente, salvo Venezuela y Cuba que siguen en su labor de contagio, resistiendo cada vez más a los antígenos.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, el número de bolivianos habilitados para votar en el exterior supera al número de empadronados en el departamento del Beni. Dicha aserción fue confirmada en el referéndum de 2016, cuando el propio TSE informó que 258.991 individuos fueron habilitados en 73 ciudades de 33 países, mientras que los habilitados en el Beni, sólo alcanzaron los 232.249.

Por lo expuesto, el anunciado adelantamiento de las elecciones generales por el TSE es ilegal, pues no cumple con los plazos legales de convocatoria que indica el artículo 29 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas que señala, taxativamente y sin rodeos, que la convocatoria debió ser a los 120 días después de las elecciones primarias del 27 de enero pasado, o sea el 27 de mayo próximo, para que luego de los 105 días de su publicación,  sean realizados los comicios presidenciales, o sea el 27 de octubre, y no el 20, como ha dispuesto el TSE, para evitar la molestia a los masistas argentinos, de votar dos veces en un mismo día. He ahí donde dimana nuestro clamor a los gauchos honrados: No votes por mí Argentina.