En 2017, Jiménez fue destituida de su cargo, luego de descubrirse una supuesta red de corrupción que operaba al interior de Dircabi. Además, la procesaron por la pérdida de al menos $us 1,5 millones al oponerse a la monetización de más de 8.000 toneladas de arroz incautadas al estadounidense Jacob Ostreicher. Por esa razón un juez ordenó su detención preventiva en el penal de Palmasola.

En 2018, el Ministerio Público acusó formalmente a la exdirectora por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y Dircabi pidió que la acusada sea sentenciada a 15 años de prisión. Sin embargo, Jiménez se sometió a proceso abreviado y reconoció la responsabilidad que tuvo en este caso.