Las irregularidades cometidas por algunas autoridades en los municipios del país siguen, y lamentablemente generan perjuicios a la población.

Desde la pasada gestión, varios casos han sido denunciados, y hoy hay autoridades y funcionarios ediles que están con medidas sustitutivas e incluso detenciones domiciliarias y en prisión.

A la larga lista que existe no solo en Cochabamba, sino en el resto del país, el domingo se sumó el caso del alcalde de Caracollo, del departamento de Oruro, Juan Chino Salinas.

El Alcalde de la pequeña ciudad, distante a 37 kilómetros de la Capital del Folclore de Bolivia, fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), acusado por el manejo indebido de bienes del Estado y servicios públicos.

Chino Salinas fue capturado la noche del domingo en la populosa plaza Sebastián Pagador, de la capital orureña, cuando presuntamente conducía un vehículo que fue incautado al narcotráfico.

“La Dirección Anticorrupción de la FELCC aprehendió al señor Juan Chino Salinas, quien sería el alcalde de Caracollo. Este señor habría incurrido en los delitos tipificados en el artículo 263 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, informó el director de la unidad policial, coronel Manuel Vergara, según informó Radio Fides.

Aunque un concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) considera que la aprehensión de la autoridad edil es política, no deja de llamar la atención el hecho de que haya sido hallada en posesión de un bien que no le pertenece al municipio.

Es una pena que otro alcalde se vea envuelto en irregularidades, porque lamentablemente este tipo de hechos no solo perjudica a quien es aprehendido, sino a la institución municipal.

Ojalá que el caso de Chino Salinas se esclarezca y no termine como otros, en los que la salida de una autoridad provocó una crisis municipal.

Es preciso que las autoridades investiguen el caso, porque no hay que descartar que detrás de la irregularidad de la que se lo acusa hay muchas otras más.

Lamentablemente, existen personas que se aprovechan del cargo no solo para utilizar bienes del Estado, sino para cometer una serie de delitos como el registrado en el municipio de Laja, en el departamento de La Paz, donde en diciembre pasado el alcalde Macario Quino fue aprehendido por el uso indebido de influencias por contratar a uno de sus sobrinos como chofer de la institución.

Recordemos que en septiembre de 2018, el alcalde de Concepción, en Santa Cruz, David Mollinedo, también fue aprehendido por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación de fondos, entre otros.

Casos como los anteriores hay muchos, sobre todo en Cochabamba, donde, por ejemplo, el alcalde titular de Cercado, José María Leyes, no solo es procesado por la compra irregular de mochilas, sino que hoy guarda detención preventiva en la cárcel de San Antonio. 

Entre otros ejemplos, está la detención del exalcalde suplente de Quillacollo Zacarías Jayta y del expresidente del Concejo de ese municipio Víctor Osinaga.

Los municipios, aparentemente, se han convertido en sitios donde las autoridades creen que pueden hacer de las suyas. Es preciso que los controles de fiscalización sean más radicales y se sancione a quienes incurran en delitos. Un alcalde es elegido para gobernar, no para enriquecerse o infringir la norma.