El presidente, sin embargo, no puede dejar de nombrar esa palabra al menos una vez al año.

El 31 de diciembre de 2008, cuando cerraba su tercer año de mandato, identificó los focos de la corrupción en Migración y la Aduana. El 21 de noviembre de 2009, fue el turno de Álvaro García Linera de admitir que en el Gobierno existía corrupción y que incluso había hechos sin detectar. Cuatro meses más tarde, el 31 de marzo de 2010, Morales promulgaba la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que volvía imprescriptible los delitos de corrupción pública, pero eso no detuvo el mayor flagelo de su Gobierno.

En 2015 la culpó de las sonoras derrotas electorales en La Paz y El Alto -ya había estallado el escándalo del Fondo Indígena-; en 2016, en un discurso de seis horas ante la Asamblea Legislativa, la equiparó a los problemas en la administración de Justicia y la falta de servicio de salud, como las debilidades de su Gobierno. Ya para 2017, tras un gabinete ampliado, se declaró cansado de los “servidores públicos que estén chupándome las tetillas” y exigió medidas para luchar contra la corrupción y la burocracia. En enero de 2019, durante su informe a la Asamblea Legislativa, creó el Consejo de Lucha Contra la Corrupción y, esta vez, las cosas se comenzaron a mover.

En el último mes, el Viceministerio de Transparencia ha intervenido unidades desconcentradas, otros órganos del Estado y varios municipios.

El domingo, durante una entrevista en la radio estatal Patria Nueva, volvió sobre el tema: “Tal vez nos equivocamos al decir va a haber cero de corrupción, lo que debe haber es cero de tolerancia”, dijo. Para Manuel Canelas, ministro de Comunicación, por más que haya cambiado el nombre, no cambia la meta: acabar con la corrupción. Para la oposición, no hay lucha verdadera, solo el intento de convencer a la población que se hace algo.

¿Cambiar el rumbo?

En los últimos dos años, desde 2017, Bolivia ha caído 20 puestos en el ranking global de percepción de corrupción, del puesto 112 al 132, que coincide con el declive de aceptación de gestión del presidente Morales.

Para el ministro Canelas, no hay un cambio de enfoque en la lucha contra corrupción, la meta sigue siendo la misma, que llegue a cero. Lo que sí admite como novedad son las acciones del Ministerio de Justicia, que están dando resultados y se aprecia una acción más rápida, mayor respaldo institucional y buena cobertura mediática y en municipios de todo signo. “Habrá que evaluar con algo más de tiempo si estas acciones rápidas de intervención luego van disminuyendo las prácticas corruptas a nivel municipal”, explicó Canelas.

En las últimas semanas, las acciones del Viceministerio de Transparencia, dependiente de Justicia, han derivado en detenciones de un concejal en el municipio de Riberalta, en el norte de Beni; de un exdiputado del MAS en Sucre por cobros indebidos para la contratación de empresas en la Agencia Estatal de Viviendas y la detención de funcionarios en Derechos Reales de esa misma ciudad, además de un cajero judicial en Santa Cruz, acusado de robar más de medio millón de bolivianos. A esto se suma el procesamiento a un alto jefe policial en Oruro y la intervención, destitución de autoridades y procesamiento del personal de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra la Corrupción. Estas dos últimas en coordinación entre Gobierno y Justicia.

¿Por qué ahora?

“No se puede hacer en siete u ocho meses lo que no se hizo en 13 años”, dice Jimena Costa, politóloga y diputada opositora. Para ella, más que lucha frontal o cero tolerancia contra la corrupción, lo que hay es una estrategia electoral de cara a los comicios de octubre para tratar de convencer a la población de que se hace algo.

“En 13 años, los niveles de corrupción en todos los niveles y órganos del Estado son realmente escandalosos. Han llegado hasta organizaciones de la sociedad civil, como la dirigencia indígena. Todos los contratos tienen su mordida, su sobreprecio, tenemos a gente como Achacollo (Nemesia, exministra de Desarrollo Rural que tuvo que renunciar por el desfalco al Fondo Indígena) o Pari (Juan, cajero que robó millones al Banco Unión), que han disfrutado del asalto al Estado”, dijo.

Para ella, solo las acciones puntuales no acabarán con la corrupción, sino que se necesita un sistema judicial que funcione. Costa asegura que en un país sin justicia no puede haber cero tolerancia a la corrupción, porque el corrupto sabe que puede comprar a un juez o a un fiscal para quedar impune. “Si no hay límites al libre albedrío, hay piedra libre para Alí Babá y los 40 compañeros”, ironizó.

En estos 13 años, según Costa, en lugar de solucionar el problema de la Justicia se ha empeorado con la elección en las urnas de las autoridades, al igual que la falta de inversión en un sistema penitenciario más eficiente.

Edwin Rodríguez, senador y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, cree que la corrupción es el problema mayor del Gobierno de Evo Morales y recuerda que en 13 años se ha manejado más de $us 400.000 millones y el 80% de ese monto se invirtió a través de contrataciones directas, sin proceso de licitación pública. “Eso es abrir las puertas a la corrupción, es un caldo de cultivo de corrupto y eso ha generado hechos que no se transparentan, porque se dan las obras a los amigos y de allí viene el hecho ilícito que hoy corroe al Estado”, aseguró.

Asegura que en los 20 años de gobiernos de la democracia pactada se manejaron unos $us 25.000 millones en inversión y que el 80% de ese monto fue dado por licitaciones. La proporción se invirtió durante los gobiernos de Evo Morales.

Humberto Peinado, pastor y candidato a vicepresidente por la UCS, añade que el gran problema del Gobierno es la falta de transparencia, la falta de acceso a la información de las cuentas públicas. Para él, tanto el cambio de nombre como las acciones de las últimas semanas son un “acto hipócrita”, ya que no fue el Gobierno quien expuso los grandes casos de corrupción (nombra a las barcazas chinas o el ‘Zapata Gate’), y ve sus acciones como una puesta en escena política y mediática.