El presidente del ente cívico, Juan Carlos Ramos, informó a ANF que cumpliendo las resoluciones adoptadas este viernes por la asamblea de la tarijeñidad "ya se coordina el paro y todas las acciones necesarias para evitar que se concrete el ingreso a ese territorio".

Dijo que el paro fue resuelto luego de conocer el informe de una comisión cívica que constató "la brutal represión policial contra comunarios movilizados sin respetar a niños y mujeres que fueron atacados con agentes químicos".

Ramos informó que se envió una nota al Comandante de la Policía departamental de Tarija "repudiando la represión y recordando que la protesta pacífica es un derecho", se cuestionó la falta de transparencia del Gobierno y se declaró "traidor del departamento de Tarija" al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

El movimiento cívico, rechazó la consulta previa del Gobierno "que sólo ha tomado en cuenta a 64 comunarios, tenemos en detalle la lista de los consultados, y no a toda la población de la Reserva como establece el artículo 325 de la Constitución Política del Estado".

Ramos detalló que la Ley 1049 específica que la consulta debe realizarse en el área del contrato, pero el Gobierno insistió en realizar una consulta por sectores, mientras el proyecto avanza y "eso es tramposo, porque no toma en cuenta a la mayoría".

El dirigente cívico denunció que la consulta del Gobierno no se ajusta a la norma "están sobornando a algunos comunarios entregándoles cocinillas y garrafas, lo hemos constatad o".

Insistió en que una consulta previa "debe centrarse en discutir los detalles de los proyectos que intenta ejecutar el gobierno, pero lamentablemente hasta la fecha ni siquiera se ha mostrado el plan de mitigación ambiental a pesar de insistentes solicitudes formuladas a las autoridades".

Aseguró que, ante la falta de transparencia de las autoridades nacionales, el Comité Cívico ha demandado, mediante carta, "la intervención del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, dado que uno de los socios estratégicos de YPFB es la estatal brasileña Petrobras".

Ramos lamentó que las autoridades "no entiendan que Tariquìa es una causa de todo el Departamento, es un reservorio de una notable diversidad y las amenazas a ese ecosistema tendrán impactos globales".

Además de asumir la defensa de Tariquía, la asamblea del Comité Cívico de Tarija resolvió exigir al Gobierno nacional el respeto al Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) que se implementa desde hace 10 años y la transferencia de la variante Canaletas - Entre Ríos a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).