La disputa por estas tierras provocó que ayer por la madrugada cientos de personas, aparentemente avasalladores, ataquen a los asentados en las tierras de Albarrancho, por la zona de ex Zofraco, dejando cuatro heridos, entre ellas un varón que perdió la mano derecha.

Las grabaciones reproducen conversaciones de representantes legales del grupo Olmedo con abogados y dirigentes del trópico, los cuales mencionan de forma recurrentemente a funcionarios del INRA, policías, juzgados y fiscales. Además, sugieren que se entregó dinero por una sentencia en Sucre y que el pago se completará cuando salga la sentencia.   

En los audios se alude a dirigentes de Albarrancho, La Maica y Colcapirhua. En varios se comenta que también tomaron contacto con el alcalde suspendido José María Leyes, detenido por el caso Mochilas, para que agilice los trámites de cambio de uso de suelo, cesiones y la aprobación de la urbanización.

Según los antecedentes, el lugar está catalogado como agrario y agrario urbano y una condición para el cambio de uso de suelo es la cesión del 30 por ciento de la extensión. Además, los lotes tienen que ser de 1.000 metros. Después de los procesos contra Leyes, los interesados tomaron contactos con las nuevas autoridades, pero no formalizaron su propuesta.

Los temas que predominan en los audios son las estrategias para construir en el terreno, lograr fallos favorables al sector y limitar el ingreso de avasalladores, entre ellos familias de Albarrancho que también reivindican su derecho propietario.

Conflicto

El ingreso a la zona es bastante complicado. Existen al menos dos grupos que señalan al otro como avasallador. Por eso, desde 2010, se registran enfrentamientos.

Después que el INRA declaró 215 hectáreas como tierras fiscales, el grupo Olmedo apeló declarándose poseedor junto con la Federación Sindical de Colonizadores Carrasco Tropical, la Central de Colonizadores de Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico.   

A través de una Acción Popular que fue admitida por un juzgado del trópico se logró una sentencia constitucional que advierte a los avasalladores que se abstengan de obstaculizar la posesión de 315 hectáreas del predio Olmedo, refrendados en los títulos FS. 135 y FS. 141.

En los audios, una de las voces que más se escucha es de una mujer que trabaja para la empresa Olmedo, C. M, quien recibe numerosas alertas de otros sectores que  buscan enfrentamientos.

478 hectáreas vendidas. Entre 1992 y 1994, la empresa Olmedo vendió todas estas hectáreas a tres organizaciones. Aún persisten los negociados.

ALERTA: HACÍAN CONSTANTE MONITOREO

Organizaban  patrullajes. En los audios también se señala que en momentos de alerta se organizaba patrullajes con vehículos de personas privadas. En caso de que existiera algún llamado, inmediatamente se solicitaba la intervención de la Policía, que no demoraba en llegar al llamado de ciertas personas a cambio de terrenos.

Cobraban para seguridad. En otro de los audios se escucha a C. M. exigir a algunos dirigentes el cobro de 15 bolivianos por familia para el pago de la seguridad. Se tenía contratado personal que alertaba cuando alguien extraño se acercaba a la zona. También cuando llegaban funcionarios del INRA para hacer alguna de inspección.