Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: domingo 24 de marzo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La filtración de más de 150 audios que revelan la presunta existencia de una red de tráfico de tierras en la zona de Albarrancho motivó a concejales Demócratas y del Movimiento Al Socialismo (MAS) a solicitar ayer al Ministerio Público agilizar la investigación del caso.
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Los productores de coca del trópico se sumaron al pedido, debido a que las denuncias de venta ilegal de lotes involucran a sus dirigentes.
“Toda denuncia va a ser aclarada. El Ejecutivo brindará la información que se requiera para esclarecer el tema”, dijo el alcalde suplente, Iván Telleria.
Sostuvo que envió un proyecto de ley municipal al Legislativo que protege la zona de asentamientos irregulares, debido a que el sector es considerado zona agraria y de pastoreo.
El conflicto cobró importancia nuevamente, tras que se hiciera público más de 150 audios que involucran a autoridades de la Alcaldía de Cochabamba, del Concejo y a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en presuntos actos de corrupción para otorgar la propiedad de 315 hectáreas de tierras a pobladores del trópico y al grupo Olmedo.
“Algún dirigente debe estar actuando a título personal. Pediremos a los implicados que no utilicen el nombre de los sindicatos y de la federación para sus intereses”, remarcó el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez.
El 2013, el INRA declaró 215 hectáreas de los predios como fiscales con la Resolución No. 10188.
Rodríguez comentó que aún desconocen los detalles del lío y acotó que algunos afiliados presentaron quejas contra el secretario ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical Julián Cruz por estar inmerso en la disputa.
“Tenemos entendido que él estaría utilizando influencias, si es así investigaremos cuál es su participación”, remarcó.
En las grabaciones se menciona el nombre y apellido de la presidenta del órgano deliberante, Karen Suárez, del concejal Carlos Coca y del alcalde electo José María Leyes. Los dos primeros rechazaron las acusaciones y subrayaron que al contrario promovieron acciones para preservar las áreas verdes.
“Los fiscales deben analizar los audios para ver si corresponde a algunos funcionarios municipales o algún particular”, expresó el concejal Joel Flores (MAS).
El comandante departamental de la Policía confirmó que los violentos enfrentamientos entre dos grupos que se disputan las tierras dejó tres personas heridas y 17 detenidos. Se prevé que la audiencia para definir la situación legal de los últimos se desarrollará hoy.
La secretaria general del Sindicato Agrario Montecato, Julia Orellana, adelantó que la próxima semana presentarán material que muestra indicios que el grupo Olmedo financia y dirige una “red de loteadores”.
PUNTOS DE VISTA
"Los dirigentes no pueden utilizar el nombre de las organizaciones para su beneficio. Evaluaremos el tema hasta el martes.
Andrónico Rodríguez
Vicepresidente cocaleros
"He solicitado a la Fiscalía que investigue cuál es la participación de los cocaleros para poder decidir sobre la legalización terrenos en Cercado.
Rodrigo Valdivia
Diputado opositor
El INRA detecta edificaciones ilegales, pero aún no puede intervenir
El director departamental del INRA, Edwin Almendras, informó ayer que inspeccionan los predios en el conflicto en Albarrancho para constatar la veracidad de las denuncias.
“Hay construcciones ilegales en los terrenos”, expresó.
El funcionario manifestó que la siguiente semana en conferencia de prensa brindarán detalles de la situación legal de la zona y agregó que el 20 de marzo inspeccionaron el lugar.
“La carpeta se encuentra con medidas precautorias”, sostuvo.
Almendras aseguró que el INRA envió una resolución administrativa a los interesados en la adquisición del derecho propietario de los terrenos que restringe la venta de lotes.
Respecto a la acción de amparo que favorece a la familia Olmedo y a tres sindicatos de cocaleros, puntualizó que cumplen el fallo y que recurren a las instancias correspondientes para ver los alcances.
Un juzgado de Ivirgarzama del municipio de Puerto Villarroel declaró procedente la solicitud.
Precisó que alrededor de 400 hectáreas están pendientes de saneamiento.
“Vamos a desvirtuar con documentación las denuncias”, complementó respecto a la acusación realizada por el diputado opositor Rodrigo Valdivia que hay funcionarios del INRA implicados en una presunta red loteadores.
