Varios mecanismos de represión forman parte de un conjunto de violencias contra las mujeres y las comunidades que recientemente han enfrentado la ocupación policial en su territorio. Cabe señalar que las comunidades se oponen a la entrada de petroleras desde que el Gobierno boliviano en 2015 legalizara actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas consolidando la profundización de un régimen extractivista.

El pasado 14 de febrero en conferencia de prensa funcionarias del Ministerio de Hidrocarburos y principalmente  Edith Condori, amenazaron a tres dirigentes de Tariquía acusándolos de violencia e intimidación durante una visita realizada con el objetivo de socialización de proyectos que beneficiarían a las comunidades que estén de acuerdo con la presencia de petroleras en la reserva. 

Las funcionarias terminaron la conferencia señalando que demandarán a los dirigentes por violencia de género, amparándose en la Ley 348. Por su parte, las comunidades y los dirigentes acusados -entre ellos dos mujeres y un hombre- niegan el hecho y afirman que se defenderán por medio de la justicia comunitaria. 

En su último resolutivo, la subcentral campesina de Tariquía manifestó que respalda a sus dirigentes por ser gente de paz, desmintiendo las declaraciones de las funcionarias.

¿No es acaso violento que la paradoja se inscriba en la amenaza estatal que busca criminalizar a dos mujeres y a un hombre de la subcentral de Tariquía? Recordemos que el gobierno de Morales aprobó la Ley 348 en marzo de 2013, en medio del recrudecimiento de feminicidios. 

Diferentes grupos y organizaciones de mujeres y feministas impulsaron la ley en medio de un sentimiento de indignación por la muerte de la periodista Hanalí Huaycho quien murió en manos de su esposo, el policía Jorge Clavijo. Las contradicciones estatales señalan las inconsistencias de dicha ley.

¿Qué significa que el violentador se victimice?

La paradoja se instala tras la amenaza de las funcionarias de gobierno y encubre varios hechos que hay detrás. Por un lado, la maniobra gubernamental en un ejercicio de mediación patriarcal intenta contraponer a mujeres contra mujeres utilizando la Ley 348 que en teoría garantiza a las mujeres una vida libre de violencias.

Por otro, visibiliza que el Estado hará uso de cualquier recurso legal o no para quebrar la defensa de la reserva, y principalmente, enviar mensajes disciplinadores a las mujeres de Tariquía, quienes en estos años han sostenido el veto que impide la ocupación petrolera en aquel territorio.

Hasta ahora, la historia de la lucha de las mujeres de Tariquía lleva consigo un denominador común que le asemeja a otras luchas socio ambientales. La defensa no sólo contiene la clave territorial, sino que ha significado enfrentar una serie de violencias múltiples a las que las comunidades y las mujeres se enfrentan cuando deciden oponerse a los propósitos estales-capitales que quieren despojarles de sus medios de existencia. 

Esto quiere decir que el Estado se disputa con las organizaciones tariquiyeñas el control de la riqueza social, e incluso el control de la forma política comunitaria territorial.

En este análisis abordaremos algunas de las violencias que se han reproducido en los últimos tres años que cercan a las comunidades con el objetivo de hacerles desistir de la lucha. Queremos argumentar cómo el Estado agresor/disciplinador, desde un lugar de dominación y con el argumento de “razón de Estado”, construye un falso discurso victimizándose para criminalizar a las defensoras. 

El ejercicio del poder estatal se ha reflejado en el uso de  políticas públicas, leyes o discursos así como en acciones que van desde la cooptación o la anulación de organizaciones sociales que se le oponen.

Desde que el Gobierno boliviano abriera las áreas protegidas para las actividades hidrocarburíferas por medio de los decretos 2298, 2366 y 2400, ha fijado nuevas reglas para procesos de consulta previa y ha modificado las normas ambientales que, en cierta medida, salvaguardaban a parques, reservas y otras áreas naturales. 

Estas medidas implicaron un hito en la política hidrocarburífera que expandió la frontera petrolera de 2,5 millones de hectáreas a 29 millones del 2006 al 2017. La forma cómo el Gobierno impuso semejante política ha sido por la implementación de una guerra contra cualquier comunidad que se oponga a su régimen de acumulación. 

Cabe destacar que en el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el 55% del territorio está concesionado a favor del capital transnacional como Shell a través de las empresas BG Bolivia, Chaco y Petrobras. 

La guerra que produce el régimen extractivista contiene una lógica intrínseca de violencia estatal que se encadena muy bien con los otros tipos de violencia. 

Contiene un tipo de pedagogía ejemplificadora  cuyo objetivo es disciplinar a las mujeres y a las comunidades. 

Algunas formas concretas de ejercicio de violencia son: intimidación, amedrentamiento, insulto, persecución, chantaje, hostilidad, y soborno. Acciones llevadas a cabo por representantes, funcionarios estatales y por dirigentes del corporativismo sindical. 

Hechos no menores que provocaron la división entre comunidades alterando las relaciones comunales y familiares desde el 2016.  Es así que desde los inicios de la lucha por la defensa de la Reserva de Tariquía, no han cesado las llamadas, el boicot y las amenazas a las mujeres -principalmente a las dirigentes- por ser quienes garantizan la lucha a través de su trabajo reproductivo.

Con el objetivo de generar desinformación, el recurrente ocultamiento de datos sobre los proyectos petroleros, la poca claridad sobre las operaciones de exploración en la reserva, o el ejercicio engañoso de “la consulta”, aunque explícitas, son formas silenciosas de violencia patriarcal que provocan incertidumbre y miedo.  Por ello, la sensación de inseguridad es persistente. 

Así es como han vivido las familias en Tariquía hace más de tres años. Aunque las comunidades han enfrentado estos sentimientos con acciones de reapropiación territorial o con movilización, esta sensación continúa porque se la enfrenta casi a ciegas.

La guerra también trajo consigo violencia política en los espacios comunitarios que se despliega de manera sistemática con el propósito de anular la lucha a través de estrategias prebendales o de amenaza directa a la vida comunitaria y a la forma orgánica de ejercer la participación política de las comunidades de base. 

Esto ha significado un ataque directo a mujeres quienes en la subcentral Tariquía, otorgan a la lucha frente a los proyectos hidrocarburíferos, una clave diferente y nueva de practicar la vida sindical.

Otra de las estrategias de división ha sido el ofrecimiento de planes y proyectos con el afán de fragmentar a las comunidades. 

Por ejemplo, en abril de 2017 se inauguró el plan de viviendas en las comunidades de Acherales, San José y Puesto Rueda en fechas clave en la cronología de la lucha para hacer desistir a los marchistas que partían en protesta a la ciudad de Tarija. 

Frente a esas medidas la dirigencia de la subcentral realizó una serie de gestiones y reclamos para garantizar que los proyectos lleguen a todas las comunidades de manera equitativa. Así la dirigencia de Pampa Grande ha logrado la construcción de 55 viviendas en su comunidad.

Otro ejemplo. En una reunión interinstitucional realizada en junio de 2018, las denuncias de la subcentral se centraban en los condicionamientos y chantajes de funcionarios estatales a mujeres que se oponen a la entrada de proyectos petroleros, excluyéndolas de la provisión de cocinas.

En el reciente bloqueo en Chiquiacá Norte,  el uso de fuerzas represivas policiales para garantizar la realización de obras de Petrobras señala el carácter represivo estatal cuyo objetivo es asegurarse legitimidad y concretar el régimen.

El escenario actual

En las próximas líneas queremos argumentar los hechos que alimentan a la paradoja caracterizando el último conflicto en Chiquiacá para ayudar a la comprensión de cómo se sigue reproduciendo violencias múltiples en este caso específico.

En abril de 2018 se promulgaron los decretos que establecen la firma de contrato del Gobierno boliviano y la empresa estatal YPFB, con la empresa Petrobras, para la exploración y explotación en los bloques San Telmo y Astillero en la Reserva Tariquía.

Las comunidades del sector Chiquiacá iniciaron a fines de 2018 otro frente de lucha ante el ingreso de Petrobras y unieron fuerzas con la Subcentral Tariquía. Con la consigna de defensa de la vida, comunidades de Chiquiacá, encabezadas por la subcentral Pampa Redonda, protagonizaron dos momentos importantes de movilización en octubre de 2018 y febrero de 2019. Todo, a pesar de los mecanismos de represión, cooptación y división que la empresa y el Estado dirigieron contra ellas. 

Según habitantes de Chiquiacá, la empresa y funcionarios de Gobierno, visitan la zona desde hace por lo menos dos años, tratando de que la población acepte los proyectos hidrocarburíferos. 

A fines de octubre de 2018, las comunidades de la zona protagonizaron el primer bloqueo de caminos para impedir que la empresa realice los últimos estudios que le permitirían obtener la Licencia Ambiental. 

Aún en ese escenario, el Gobierno otorgó hasta el mes de noviembre, tres licencias que incluyen al bloque Churumas, en el área núcleo de la Reserva, donde viven especies en peligro de extinción.

En la consulta sólo se tomaría en cuenta a parte de las comunidades de Chiquiacá. Las autoridades la desarrollaron en el sector en noviembre de 2018. Como narra Jenny Mesa, vicepresidenta del Comité de Defensa en Chiquiacá: “solo en esa comunidad donde fueron consultadas solo las autoridades y algunas personas, pero no todo el cantón ni tampoco toda la comunidad (…) ellos no nos quieren tomar en cuenta, las empresas, ni el Ministerio de Hidrocarburos”.

La presencia de petroleras ha traído ya la división de las comunidades en Chiquiacá,  al introducir programas de “desarrollo” para las comunidades que acepten el ingreso de la empresa petrolera y no para las personas en lucha. Como afirma Paula Gareca, dirigente de la Subcentral Tariquía: “Ya habían hecho la reunión con la empresa  y les habían obligado ya que la próxima reunión, (…), y de afuerita solamente ellos tenían opción era presentar proyectos, para que se beneficien y como beneficiarios, e iba a entrar la empresa”. 

Al parecer, la reunión realizada el 24 de enero de 2019 entre representantes de Petrobras y comunarios a favor de la empresa petrolera,  definiría el destino de Tariquía, pero  la sorpresiva presencia de las comunidades en defensa de la reserva en el lugar dio un nuevo giro a la ya larga historia de lucha comunitaria. 

No obstante, Petrobras confirmó que iniciaría trabajos en 10 días a pesar de la oposición comunitaria en esa jornada. Desde el 7 de febrero de 2019, las comunidades protagonizaron un bloqueo que logró frenar el ingreso de Petrobras y la Policía.

Sin embargo, de manera inesperada, el 26 de febrero haciendo uso de engaños, la empresa ingresó al territorio custodiada por la Policía. 

Mesa relata  la amenaza del personal de Petrobras  en el segundo intento de ingresar a la reserva ese mes: “vamos a ver quién se va primero, ustedes o nosotros.  Claro, como el Gobierno les paga un sueldo, ustedes tienen un sueldo, pero nosotros no tenemos un sueldo pero igual vamos a resistir y vamos a estar aquí hasta que ustedes se vayan; al día siguiente tratan de amenazarnos, que van a venir las fuerzas armadas a levantarnos”. 

Tras el retiro del personal de Petrobras, las comunidades de Chiquiacá conformaron el comité de defensa que se encuentra en vigilancia permanente para evitar la ocupación petrolera.

Incertidumbre en el horizonte

El núcleo de la “razón de Estado” se sintetiza en hechos violentos que intentan desarmar lo tejido con gran esfuerzo por mujeres y comunidades en tanto tiempo de lucha y resistencia. Como vimos, el despojo pretende imponerse mediante dispositivos patriarcales, y de represión; mientras, las mujeres y los habitantes de Tariquía sostienen la lucha trasladada ahora al escenario de Chiquiacá Norte. 

La lucha comunitaria que rechaza el ingreso petrolero un poco más de tres años insiste en mantener su veto, pero se sabe que el Gobierno y las empresas son también insistentes.

 No hace falta explicar que el dilema sigue generando violencia. Se espera que la próxima reunión del lunes 25 de marzo entre Estado, empresa y comunidades, el Gobierno rompa el violento pacto de silencio y aclare el escenario sobre sus verdaderos planes y proyectos para el territorio tariquiyeño.