En lo institucional, creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, ya que hasta el 7 de febrero de 2009, figuraba sólo el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El próximo paso fue poner en vigencia la controvertida Ley Nº 004 del 31 de marzo de 2010 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), que  establecía los “mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción…” El objetivo era prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en Bolivia una cultura de transparencia y erradicar la corrupción.

Más tarde mediante Resolución Ministerial N° 002/2017 de 11 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, elabora y aprueba el “Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2017-2022”, modificándose la estructura institucional, y fusiona todo el trabajo en este Ministerio pero con el mismo objetivo: “prevenir y sancionar actos de corrupción…”

Y aunque el Estado cuenta con la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, y la Ley N° 974 de 4 de septiembre de 2017 (Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción), como parte de un conjunto normativo, y se han realizado considerables esfuerzos estatales, el objetivo de esta política no se ha conseguido y estamos muy lejos de conseguirlo, ya que los hechos de corrupción suman y siguen.

Sin embargo, la política anticorrupción no sólo que no ha tenido los avances y progresos que tenía previstos de “tolerancia cero a la corrupción”, sino que ha aumentado este cáncer social y cada vez hace metástasis en las reparticiones del Estado y contamina a la empresa privada. Estos resultados se reflejan en el índice de Percepción de la Corrupción 2018 elaborado por Transparencia Internacional, que ubicó a Bolivia en el puesto 132 de un total de 180 países, lo que significa una caída de 20 puntos respecto a 2017, cuando el Estado ocupó el lugar 112.  

El fracaso de esta lucha en términos de resultados se debe a la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo y consiguiente debilitamiento de las instituciones del Estado, haberse convertido el Gobierno en juez y parte, restringido la libertad de expresión, e información, que son imprescindibles para materializar la transparencia, y porque además carece de independencia el Órgano Judicial, etc.

El extinto Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, debería haberse transformarse en una especie de “Superintendencia Contra la Corrupción”, con autonomía funcional, administrativa y operativa. Y dotarse de personal altamente calificado, íntegro y honesto, donde al ciudadano no sólo se le garantice denunciar, sino también sancionar a los malos funcionarios públicos o privados que cometan actos ilícitos.

Llama la atención, igualmente, que el Gobierno no haya puesto el acento en la educación, principal herramienta para cambiar los “patrones culturales que se encuentran en la mentalidad y en el comportamiento de las personas”. Y tendría que hacerse una verdadera cruzada nacional para luchar efectivamente contra la pobreza y la criminalidad en general. La educación siempre brinda las oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, honestidad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.