La democracia requiere de reglas claras e igualdad de oportunidades para todos. Los partidos políticos y los ciudadanos, de cualquier militancia, deben tener los mismos derechos y prerrogativas, así como debe preservarse la imparcialidad de las instituciones rectoras y depositarias de la confianza popular para el respeto de la voluntad ciudadana reflejada en las urnas.

Uno de los instrumentos claves para preservar la voluntad ciudadana es el Órgano Electoral, donde sus miembros, lamentablemente, han sido cuestionados por dudas sobre su imparcialidad. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) atendió la sugerencia del presidente Evo Morales y adelantó una semana las elecciones presidenciales del 27 al 20 de octubre. Diferentes representantes de la oposición observaron esta decisión y la atribuyen a una “sumisión” de los vocales del Órgano Electoral, mientras el oficialismo celebró la decisión.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, explicó que se decidió adelantar las elecciones “debido a que el 27 de octubre también se convocó a elecciones en dos países: Argentina y Uruguay, situación que dificulta la organización técnica y logística, pues en muchos casos se utilizan los mismos recintos y mesas electorales, así como se tiene que recurrir a los guardias de seguridad asignados al sistema electoral en estos países. Recordemos que el mes pasado, el presidente Morales dijo, en un acto, que estaba preocupado porque los comicios bolivianos chocaban con los de Argentina y Uruguay. Luego, la Cancillería oficializó el pedido e instó al TSE a mover al menos una semana la fecha de los comicios.

La candidatura de Morales para un cuarto mandato es considerada ilegal por la oposición, que denuncia que incumple la Constitución del país, que limita a dos seguidos los periodos presidenciales, y el resultado de un referéndum en 2016 que negó al presidente la posibilidad de volver a presentarse.

El Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció en 2017 el derecho a la reelección indefinida y en 2018 el órgano electoral habilitó la candidatura en base en este fallo.

El Constitucional ya autorizó para un tercer periodo a Evo Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.

Para preservar la democracia es necesaria la imparcialidad de los vocales y funcionarios electorales, hacer prevalecer la separación de poderes y evitar que desde el poder central se dicten determinaciones.

El Portal digital del El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), señala que ese instrumento es uno de los cuatro órganos del poder público del Estado Plurinacional de Bolivia, con igual jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El OEP goza de autonomía funcional e independencia respecto a otros órganos del Estado, con los cuales se relaciona, coopera y coordina sobre la base de la independencia y la separación de poderes para el adecuado ejercicio de sus competencias y atribuciones. (Arts. 2 y 4, Ley N. 018 del Órgano Electoral).

Las competencias del OEP son administrar el régimen democrático, el registro cívico y la justicia electoral; fiscalizar a organizaciones políticas y organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. La integridad de la estructura del Órgano Electoral es la base para asegurar el cumplimiento de su función electoral de manera exclusiva en todo el territorio nacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior.

Debemos reflexionar todos sobre la importancia de preservar el OEP para que cumpla con independencia su función esencial que es “garantizar el ejercicio de la Democracia Intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia, que se basa en la complementariedad de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria”. Asimismo, debe asumir como base fundamental la separación de poderes y proteger la voluntad ciudadana reflejada en las urnas.