El senador del partido opositor Unidad Demócrata (UD) y candidato a la Vicepresidencia por la alianza “Bolivia Dice No”, Edwin Rodríguez, manifestó que el órgano electoral fijó la fecha en “estricta sumisión y entrega al Gobierno del presidente Evo Morales”.

Rodríguez sostuvo que un “tribunal sometido al Gobierno” no garantiza un “proceso limpio y transparente” y ratificó su pedido de renuncia de todos los vocales de ese organismo.

“Quieren garantizar, seguramente, un fraude inminente electoral a favor del Movimiento al Socialismo (MAS), ese es el sentido de mover la fecha”, insinuó el candidato opositor.

Además expresó que se incumplen los plazos dispuestos en la ley de organizaciones políticas y que el cambio de fecha responde a “cálculos políticos”.

Mientras, el diputado opositor Gonzalo Barrientos al calificar de ilegal la decisión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvo que “la Ley del Régimen Electoral establece que la convocatoria debe publicarse 150 días antes de la votación, y si es el 20 de octubre (las elecciones) estamos hablando de 146 días antes y eso estaría al margen de la ley”.

Barrientos, acotó que “este Tribunal Supremo Electoral está peor que la banda de los cuatro, es decir, un Tribunal sumiso, obediente al poder”.

Insistió que los vocales están incurriendo en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, por lo que pueden ser pasibles a procesos penales, porque no están cumpliendo el mandato de las normas.

El artículo 94 inciso I de la Ley del Régimen Electoral señala que “los procesos electorales de mandato fijo establecido en la Constitución, serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante resolución de Sala Plena, con una anticipación de por lo menos 150 días a la fecha de realización de la votación”.

El martes la presidenta del órgano electoral boliviano, María Virginia Choque, anunció que la fecha para las elecciones generales en el país será el 20 de octubre y no el 27 de ese mes como inicialmente estaba previsto.

Choque justificó que si los comicios se efectuaban el 27 de octubre iban a coincidir con las elecciones en Argentina y Uruguay lo que “dificulta la organización técnica y logística” La fecha fue acordada en una reunión de coordinación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales en la ciudad central de Cochabamba.

En tanto la presidenta de la Cámara de Senadores, la oficialista Adriana Salvatierra, indicó que entre las facultades del órgano electoral está “garantizar el ejercicio de los derechos políticos de todos los bolivianos” y que su derecho debe prevalecer.

“No puede politizarse el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en un proceso electoral”, apuntó Salvatierra.

La senadora oficialista argumentó que los residentes bolivianos requieren condiciones en seguridad e infraestructura para el desarrollo de este proceso electoral y que esto implica “un movimiento logístico amplio”.

“Hay un derecho que debe prevalecer, el emitir su voto y esto no fue manifestado por el MAS, lo manifestaron los residentes bolivianos en Argentina que requieren unidades educativas y condiciones logísticas”, sostuvo la legisladora.

En febrero el Gobierno boliviano planteó la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones presidenciales.

Ese mismo mes la Cancillería boliviana pidió al órgano electoral que garantice las condiciones para el voto de los residentes bolivianos en Argentina y Uruguay por la coincidencia con los comicios en ambos países.