¿Cómo se entiende que el mismo presidente Evo, que el año 2008 afirmó en Naciones Unidas que “reservar las tierras para biocombustible o agrocombustible está causando problemas en la economía de las distintas regiones del mundo, afectando las economías familiares” y denunció que “para alimentar de gasolina a los autos están quitándole el alimento a los seres humanos y estamos destruyendo los bosques…”; el año 2018 felicite a la Asamblea Legislativa por la aprobación de la Ley del Etanol y del Biodiésel, y haya llegado a afirmar que “todos del sector privado inversor, como también sectores sociales y toda Bolivia, van entendiendo la importancia que tiene este proyecto”?.

 “Toda Bolivia” seguro que no, compañero Presidente, ya que se trata de un proyecto que incentivará la deforestación, el uso de agrotóxicos, la contaminación del agua y el uso de transgénicos.

Que la oposición parlamentaria se haya sumado a la aprobación de dicha ley resulta normal, ya que los parlamentarios de derecha que tenemos nunca han tenida consciencia ecológica. Pero que el partido de Evo haya aprobado esa ley resulta absolutamente contradictorio con la Constitución vigente y con el prometedor discurso de nuestro Presidente (también en Naciones Unidas), donde afirmó —para estupefacción de muchos— que “los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos” (y se entiende que, por tanto, muchísimo más importantes que los derechos de la CAO).

El punto de partida es que Bolivia importa cada vez mayores cantidades de diésel y para aminorar ese problema surge la idea de fabricar biodiésel a base de soya transgénica. Afortunadamente no faltan expertos que nos explican que para producir más soya se requiere más pesticidas y más maquinarias, y que eso supone mayor consumo de diésel; que adicionalmente se incrementará la contaminación; que también se incrementará (¡todavía más!) la deforestación y, por tanto, los impactos ambientales; que se tendrá que ampliar la frontera agrícola en 250 mil hectáreas… 

Y que resultaría más práctica la medida de eliminar el subsidio al diésel para los señores del agronegocio (que no en vano ahora aparecen como los más convencidos y recientes aliados del actual gobierno).

Una de las consecuencias más funestas de las reformas que nuestro Gobierno negoció con la oposición en la Asamblea Constituyente fue precisamente la eliminación de un artículo que prohibía el uso de transgénicos. Pero el nuevo artículo (409) añade que la comercialización y uso de transgénicos “será regulada por ley”  y, por tanto, cabía promulgar una ley muy cuidadosa y exigente, que tenga en cuenta que los transgénicos no sólo pueden resultar dañinos cuando se los consume, sino que también dañan la tierra en que se siembran.

La Madre Tierra está siendo lentamente asesinada en todo el mundo y los analistas ambientales multiplican las voces de alarma al respecto (y por cierto coinciden en una visión sumamente pesimista al respecto). Pero esa no es excusa para que un país como el nuestro, que estaba a tiempo de librarse de ese peligro, se sume mansamente a las presiones del agronegocio (que en Bolivia puede llamarse CAO) y siente las bases para la intoxicación creciente de nuestras tierras y de nuestra población.

¿Será que como sociedad civil vamos a compartir el cambio radical que está mostrando nuestro gobierno y muy concretamente nuestro Presidente, que encima ahora aspira a ser (inconstitucionalmente) reelegido, previsiblemente para seguir avanzando —o mejor dicho retrocediendo— en esa visión desarrollista y asesina de la Madre Tierra? Espero que no…