“Los profesores de Derecho Constitucional se reunieron para analizar la sentencia 084/2017, a instancia mía, y han rechazado dicho veredicto por carecer de fundamento jurídico”, explicó Menacho, quien por su parte indicó que a raíz de ese debate académico se recomendó dos cosas: primero, elevar el análisis de la Uagrm al sistema universitario nacional para su pronunciamiento; y segundo, denunciar a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, el fallo del TCP y pedirle que dicte medidas cautelares para frenar los efectos de esa decisión judicial que, en su opinión, atenta contra el mandato del voto popular.

Pese a la postura asumida, Menacho insiste en que el pronunciamiento de la Facultad es estrictamente académico y no político.