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Medio: El Mundo
Fecha de la publicación: jueves 21 de marzo de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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El diputado Gonzalo Barrientos calificó de ilegal la decisión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que resolvieron que las elecciones generales se realizarán el 20 de octubre y no el 27 como estaba previsto inicialmente y como habían definido en un calendario consensuado cuando Katia Uriona era presidenta y José Luis Exeni, vicepresidente.
“La Ley del Régimen Electoral establece que la convocatoria debe publicarse 150 días antes de la votación, y si es el 20 de octubre (las elecciones) estamos hablando de 146 días antes y eso estaría al margen de la ley”, advirtió el diputado.
El artículo 94 inciso I de la Ley del Régimen Electoral señala que “los procesos electorales de mandato fijo establecido en la Constitución, serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante resolución de Sala Plena, con una anticipación de por lo menos 150 días a la fecha de realización de la votación”.
Sin embargo, el gobernante MAS argumenta que no existe ninguna irregularidad, el diputado Lino Cárdenas sostuvo “No veo que haya un problema o dificultad desde el punto de vista legal”.
“La Ley (Régimen Electoral) hablaba como mínimo, la decisión de fijar la fecha está establecida por ley y es una responsabilidad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral”, comentó Cárdenas.
Barrientos insiste que los vocales están incurriendo en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, por lo que pueden ser pasibles a procesos penales, porque no están cumpliendo el mandato de las normas.
Citó también que de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas fija 120 días después de las elecciones primarias para la convocatoria a las elecciones nacionales, proceso que elegirá al presidente, vicepresidente, senadores y diputados.
El partido gobernante explica que no es posible las elecciones el 27 de octubre porque en Argentina y Paraguay existen procesos electorales, lo que puede afectar en el ejercicio de los derechos políticos de los residentes bolivianos en el exterior.