"Actualmente, en el sector Arcopongo cursan diversas solicitudes de Contrato Administrativo Minero (CAM) por cooperativas y empresas mineras, las cuales están siendo procesadas en estricta aplicación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia y el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, aprobado mediante Resolución Ministerial 023/2015, de 30 de enero de 2015", señala en un boletín de prensa.

La AJAM confirmó de este modo que procesa solicitudes de contratos mineros, sin considerar que existe un proceso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, por Francisco Eugenio Ayuviri, representante de la Cooperativa Ullakaya Condoriri II, en contra del ex director de la AJAM, Carlos Alberto Soruco. 

En relación a las denuncias de explotación minera ilegal en el sector Arcopongo, la AJAM dirigida por Erik Ariñez, ratificó que "las mismas fueron investigadas oportunamente por la AJAM, y concluida esta etapa de recopilación de elementos de convicción se presentó la correspondiente denuncia penal ante Ministerio Público, la cual se encuentra siendo sustanciada por esta instancia conforme el procedimiento penal aplicable". Sin embargo, la AJAM en otras ocasiones realizó de oficio varios operativos en coordinación con las Fuerzas Armadas y efectivos policiales bajo su tuición. 

Sólo el 2017 aprehendió a 127 personas que realizaban explotación ilegal minera.

De acuerdo con el informe de Catastro y Cuadriculado Minero de AJAM, fechado 27 de octubre de 2017, al que accedió, se concluye que: "no se identificó ningún derecho minero a favor de César Evan Silvestre Castillo y Paulino Cachi Mamani", representantes de las cooperativas Palma Flor y Elena Pampa, respectivamente, dos de las cinco que operan en el lugar.

El presidente de Fedecomin, Simón Condori, confirmó a este medio que las mencionadas cooperativas que explotan en Arcopongo en el municipio de Inquisivi son sus afiliadas. "Tengo informe de que los contratos ya van a salir a mucho tardar hasta marzo", dijo. 

Al ser consultado de por qué explotan las cooperativas sin autorización, respondió que no es el único caso en Bolivia, pues hay empresas unipersonales "vestidas de cooperativas" que también lo hacen.

"Si vemos y hablamos de cooperativas, en Cochabamba hay empresas unipersonales, más de 70, hemos visto y en muchos lugares nadie dice nada ni la prensa ni la AJAM, en la adecuación de quiénes son los titulares, vestidos de cooperativas esposas, hijos nietos y demás ´tucuimas´", aseveró.

La Cooperativa Ullakaya Condoriri teme que ante las denuncias realizadas, las autoridades mineras aceleren el proceso de "legalización" de lo ilegal.

ANTECEDENTES DEL CASO

Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.

El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio, demostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013, publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa, para tramitar su autorización en la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.

Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados por la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.