Los ciudadanos tienen todo el derecho tanto de recordar y/o rechazar los resultados del referendo de 2016 que decidió mayoritariamente el NO a la reelección de los actuales gobernantes, pero los movimientos ciudadanos deben cuidar que las movilizaciones sean utilizadas irresponsablemente, con riesgos de confrontación. Recordemos que el referendo fue convocado para que la población apruebe o rechace la propuesta del gobierno para permitir al Presidente y al Vicepresidente del Estado, postular a una nueva reelección.

Recordemos también que la consulta del referendo fue puntual, y los votantes debieron responder si o no a la siguiente pregunta: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la CPE, para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?". Los resultados fueron contundentes y el NO ganó con más del 51% de los votos.

Ante el intento de desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la ciudadanía tiene todo el derecho a defender su voto y su voluntad. Pero frente a la provocación y con la experiencia de la forma cómo actúan los mecanismos políticos y de represión, es necesario ahora, más que nunca, la reflexión y serenidad.

Se están debilitando las columnas legales en las que se basa el proceso de cambio que se está produciendo en el país y también el instrumento más valioso que tiene tanto el ciudadano como el propio Gobierno, que es la nueva CPE, que debiera ser defendida sobre todos los intereses sectarios.

¿Si los líderes del país vulneran la nueva CPE, que se puede esperar del resto del país? ¿O es que la Carta Magna solamente rige para una parte de los ciudadanos del nuevo Estado Plurinacional? La CPE en su Art. 110 señala que "Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a jurisdicción y competencia de las autoridades. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales". Asimismo, para proteger la Carta Magna, el Art. 108 instruye a los ciudadanos "conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

El artículo 12 determina que el "Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos". En esa misma línea el artículo 172 determina que una de las atribuciones del Presidente del Estado Plurinacional es "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". Asimismo, este marco jurídico básico establece que son nulos los actos de quienes vulneren la CPE y las leyes.

El actual gobierno, el MAS y la mayoría del pueblo boliviano han aprobado el texto constitucional como la base del cambio. Lamentablemente, un Estado sin ley ni respeto a las normas, fácilmente puede convertirse en un proyecto fallido.

Parece que no se percatan que con estas acciones están socavando las bases legales de sustento de la legitimidad ganada en las urnas por la actual administración. Los enemigos del Gobierno deben estar batiendo palmas para que el Presidente del Estado Plurinacional y los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir, la esencia de los gestores del cambio, pateen el tablero y entierren su propia obra.