Aunque dado el también muy avanzado grado de corrupción que prácticamente cotidianamente se descubre –y conste que no representa a su totalidad- el régimen suele presentar a algunos de sus fusibles como supuesta prueba de su “lucha” contra ese flagelo. Habría que ser demasiado tontuelo para no advertir que ese combate, opera sólo tratándose de eso, fusibles, de mediana o poca monta destinados a ser sacrificados para los medios, cuando se hicieron encontrar con las manos en la masa, mientras que los altos cargos, bien gracias no más.

¿O pasó algo por ejemplo con quien dio la orden de reprimir a los universitarios de El Alto en el canicazo? O tratándose del diputado apadrinando a su MASistrado? Y tratándose del Ministro Quiborax y su combo? ¿Y el “Mariscal” de La Calancha? Ni les sacaron la lengua, peor investigarlos en serio y ni pensar juzgarlos siquiera: absoluta impunidad.

El tema es que no sólo se trata de esa insultante impunidad, sino de algo mucho más serio que pone en duda la real vigencia de un estado sujeto al derecho.  Si lo concebimos siguiendo una clásica noción de las NNUU, como el: “principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”, no será muy complicado concluir que el pomposo estado plurinacional, no es un estado sujeto a ese imperio –el de derecho- pues para empezar, el sistema de justicia no es independiente principalmente del poder partidario, sino más bien está infestado de operadores del oficialismo disfrazados de jueces y magistrados. 

Las leyes son aprobadas por los levanta manos cumpliendo las órdenes de su jefazo y aun así, tampoco se aplican por igual sino están sometidas a la cláusula “depende” (del partido del pecador) y, las instituciones que en el papel están obligadas a ser garantes de los DDHH, son más bien las más denunciadas por violarlos.         

Por supuesto que la otra cara de la impunidad es la corrupción y, frecuentemente, ésta es la causa fundamental de aquella, principalmente de la que se genera en la esfera pública, que es la que afecta nuestros recursos públicos, empeorando la pobreza y marginalidad.

Pero además, la impunidad genera un círculo vicioso caracterizado (CONTRERAS BUSTAMANTE) por lo menos por estos efectos perniciosos: quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo, no duda en repetir su acción; quienes observan un delito no sancionado, tienden a imitar ese hecho, lo que implica su repetición y reproducción; las víctimas de los ilícitos que observan que sus agravios no son sancionados por la autoridad, recurren a hacerse justicia por propia mano e incluso, las comunidades que se benefician de los recursos económicos derivados de la ilegalidad y corrupción, ya no sólo defienden y ocultan a los delincuentes, sino que llegan a considerar como legítimos los métodos de obtención de riqueza. Cualquier coincidencia con la republiqueta del Chapare por ejemplo, no es coincidencia. 

Parte de lo anterior, explica el avanzado grado de descomposición en que se encuentra, sensiblemente, nuestra sociedad y por supuesto, el estado sujeto al imperio del derecho, cuyo administrador, le mete no más. No existe semana en la que no se ventile algún nuevo caso de corrupción, que dependiendo de la “cláusula depende”, podría ser investigado y juzgado por un sistema de justicia en el que prácticamente nadie confía en serio, dado su impúdico sometimiento al régimen: “La impunidad es el primer síntoma de la conversión de un Estado en una corruptocracia”.