Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 20 de marzo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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“Hemos solicitado información sobre el hospital Parotani (que está por derrumbarse), de una unidad educativa, de los tanques de agua de Caviloma, Coachaca Chico y Laphiani a petición de las comunidades que denunciaron que estas obras estaban mal ejecutadas”, precisó Ledezma.
La autoridad lamentó que Heredia calificara como “políticas” las labores de fiscalización de los concejales y no envíe la documentación.
Por su parte, el vicepresidente del Legislativo, Diego Flores, detalló que en más de cuatro oportunidades solicitaron documentación de los funcionarios del Ejecutivo para verificar si se cumplían con el manual de funciones y posibles casos de nepotismo.
“Cada mes enviamos alrededor de 10 peticiones de informes. El 70 por ciento no tiene respuesta, el resto llega incompleto”, añadió.
Ledezma mencionó que incluso recomendaron a la Alcaldesa realizar una auditoría de la Dirección de Urbanismo. Varias comunidades denuncian asentamientos en predios municipales.
El diálogo avanza
Siete de los nueve puntos del pliego petitorio de 40 comunidades fueron atendidos ayer durante el diálogo que se desarrolló para superar el conflicto por falta de obras y la alternancia política.
Una comisión integrada por el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Jhonny Pardo; el representante de Movimientos Sociales de la Gobernación, Nelson Virreyra, y un delegado del Viceministerio de Autonomías, Vladimir Peñafiel, intervino como mediadora.
Después de más de 10 horas de diálogo, se acordó lo siguiente: crear una comisión evaluadora que gestionará ante la Contraloría y el viceministerio de Transparencia una auditoría.
En caso de hallarse algún indicio de corrupción, Heredia tendrá que renunciar.
La Alcaldesa se comprometió a destituir a la brevedad posible al secretario técnico Crispín Ureña, a su asistente Mary Pozo, al asesor legal Miguel Veizaga y a los subalcaldes de las zonas de Itapaya y Mallko Rancho.
Se instruyó, además, que en el plazo máximo de 15 días los concejales Susana Coca, José Terán y Casiano Antezana, del MAS, presenten su renuncia para que sus suplentes asuman el cargo.
Se recomendó la conformación de un nuevo directorio de Control Social. El documento fue firmado por al menos 20 OTB, el resto aún evalúa los alcances y permanece en vigilia.
Por segundo día, los pobladores bloquearon la ruta al occidente y sostuvieron duros enfrentamientos con la Policía, que intentaba mantener expedita la vía hacia La Paz y Oruro.
DESPUÉS DE 29 DÍAS ABRIRÁN LA ALCALDÍA
La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, expresó que finalmente, después de 29 días, los sectores movilizados accedieron a destapiar el edificio municipal y tomar otras medidas para lograr la renuncia de los tres concejales del MAS que no aceptan la alternancia política.
El acuerdo se logró después de un diálogo y de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reuniese con los concejales.
Los concejales: Hugo Cáceres, Martha Choque y Elizabeth Ancalle anunciaron que no renunciarán. Explicaron que el MAS dio tres opciones para solucionar la alternancia y que ellos les pagaron a dos de sus suplentes de 3 a 6 mil dólares.