Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 20 de marzo de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La nominación de Mamani fue cuestionada por la oposición.Aseguran que es una evidencia del sometimiento que existe del Órgano Judicial al Ejecutivo. En el otro extremo, el oficialismo aduce que ninguna autoridad está vetada de ocupar cargos después de prestar servicio en la administración pública, a menos que se involucre en casos de corrupción o de traición a la patria.
El dirigente del MNR Luis Eduardo Siles afirmó que el servicio exterior se transformó en el botín político del MAS. “El Gobierno premia con embajadas y consulados a los operadores de justicia que trabajaron en favor del régimen”, disparó el movimientista.
Siles hacía alusión al exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Rudy Flores, uno de los que firmó la resolución que habilita la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales, que en julio de 2018 fue designado ministro consejero de Bolivia ante Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza.
Para el secretario ejecutivo nacional de Demócratas y secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, en el MAS existe una especie de pasanaku en que los funcionarios del Gobierno pasan después al Órgano Judicial y los operadores de justicia, que cumplen con su mandato, después son ‘reciclados’ en el Ejecutivo.
En esa situación se encuentran Juan Lanchipa, que en noviembre de 2011 asumió en la Dirección Nacional de Reivindicación Marítima (Diremar) y en octubre de 2018 la mayoría parlamentaria del MAS lo eligió fiscal general del Estado en sustitución de Ramiro Guerrero, que ahora es cónsul general de Bolivia en Chile.
En criterio del rector de la UMSA y dirigente del Conade, Waldo Albarracín, las designaciones del exmagistrados y del exfiscal en el servicio exterior son muestras de que no existe la división de poderes, mentada por el Gobierno.
“Pastor Mamani expresó públicamente su simpatía por el Gobierno cuando todavía ejercía como magistrado; ahora ocupa un cargo de confianza política y esto evidencia que el Gobierno tiene un dominio fáctico sobre los miembros del Órgano Judicial y que después son retribuidos con esas designaciones”, aseveró Albarracín.
Por su lado, el diputado del MAS y presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, David Ramos, afirmó que la oposición mantiene un discurso equivocado porque ninguna persona que haya ejercido funciones en los órganos del Estado está vetada para desempeñar otras funciones, a menos que tenga antecedentes por traición a la patria, de corrupción o de cualquier otro delito.
“Los opositores han estado permanentemente involucrados en actos irregulares. Ahora recurren a una actitud maliciosa y tratan de mostrar que uno después de cumplir como funcionario público, es vetado”, insistió Ramos.