Bolivia es reconocida en el ámbito internacional por haber conseguido la paridad de género en los órganos de representación. No es un dato menor, ni ha sido fácil. Haber conseguido la presencia del 50% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales y los concejos municipales es resultado de una larga lucha desde los movimientos de mujeres. Esta conquista, siendo fundamental, tiene barreras y límites. Uno de los principales es el acoso y la violencia política.

El acoso político es el acto de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de mujeres vinculadas al campo político. La violencia política, en tanto, se refiere a hechos y agresiones psicológicas y físicas. Ambos buscan restringir o impedir el ejercicio del cargo y/o de los derechos de las mujeres en el ámbito público-político. Ambos son delitos penalizados por ley. Desde 2012, Bolivia cuenta con una avanzada ley en este campo, pero las acciones de asedio y los ataques permanecen.

¿Cómo se expresan el acoso y la violencia política contra las mujeres? Un reportaje publicado en La Razón identifica al menos 14 formas, en especial en el nivel local. Las hay sutiles y encubiertas, como no convocar a las representantes mujeres a las reuniones o marginarlas de la directiva. Pero también se registran presiones y amenazas directas, incluida la retención de sus salarios. En el extremo debemos lamentar casos de asesinato, como el de la concejala Juana Quispe, en Ancoraimes.

Una de las principales causas de hechos de acoso y violencia política en el país es la gestión compartida. Asumida como un mecanismo de “rotación”, implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres en beneficio de hombres. Como la norma establece el requisito de paridad de género en las listas de candidaturas, la gestión compartida es un atajo para segurar la presencia de mujeres.

Sobre la práctica de gestión compartida hay datos y evidencias, pero muy poco debate. Quienes la promueven creen que permite de manera consensuada ampliar el ejercicio del cargo, y plantean su reconocimiento normativo. Quienes cuestionan esta práctica subrayan no solo su carácter ilegal, sino también sus nocivos efectos contra mujeres electas que, por voluntad propia o mediante presiones y agresiones, renuncian al cargo. El acoso y la violencia política contra las mujeres es una asignatura pendiente en democracia.