Como consecuencia de esta decisión de acabar con la impunidad y promover la transparencia en la gestión pública, varios exservidores fueron enviados a la justicia. Por ejemplo, el expresidente de YPFB Santos Ramírez Valverde fue condenado a 12 años de cárcel. Los exalcaldes por el MAS del municipio de Ixiamas Macedonio Choque Villarpando y Felipa Bilma Tintaya Apaza fueron sentenciados a tres y seis años de privación de libertad, respectivamente. La semana pasada, Irineo Condori, exdirector departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) de Chuquisaca, fue enviado a la cárcel de San Roque.

Estas son señales fuertes e inequívocas de que el Gobierno no tolerará ningún acto irregular en la administración de la cosa pública, así sea de sus militantes, y sancionará todos los hechos reñidos con la moral y la ética. 

Cabe recordar que los tiempos del neoliberalismo estuvieron caracterizados por la tolerancia, el encubrimiento y el “hoy por mí mañana por ti”, entre otros vicios, con el objetivo de tapar los actos de corrupción, nepotismo y otros males. Ahí está por ejemplo el caso de la compra de vacunas con sobreprecio en el que estaba implicado el exministro de Salud y diputado del MIR Tonchi Marinkovic; o Huanchaca, en el que estaban metidos altos dirigentes del MNR, militares, policías y organismos como la CIA; o los narcovínculos de conocidos políticos; además, el yerno de Hugo Banzer Suárez, ‘Chito’ Valle, estuvo involucrado en numerosos actos reñidos con la ley. Hay cientos de ejemplos.

¿Qué dirigente político fue encarcelado? ¿Algún funcionario fue investigado por la justicia?

Otro hecho vergonzoso fue el manejo de los gastos reservados, que devino en graves irregularidades. Los recursos que se administraron entre 1990 y 2005 llegaron a Bs 1.480 millones, los que fueron distribuidos sin ningún tipo de control. Este dinero iba directamente a las cuentas personales de presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, ministros, viceministros, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En el gobierno del MNR, presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997), los gastos reservados fueron de Bs 133 millones. Durante la administración de Hugo Banzer (1998-2002) llegaron a Bs 123 millones y en el gobierno de Carlos de Mesa, Bs 54 millones. 

La lucha contra este mal es un asunto de Estado porque el Gobierno puso en marcha la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que define a la corrupción como “el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”.

La Constitución Política del Estado establece que es obligación de todo boliviano “denunciar y combatir actos de corrupción”, la sociedad civil organizada ejerce “control social a la gestión pública”. Asimismo, funcionan las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en las entidades estatales y se crearon nuevos tipos penales, como el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción a la justicia y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.

Todos los hechos irregulares en la gestión pública son castigados en estricto cumplimiento del mandato presidencial de cero tolerancia a la corrupción para construir un país digno y transparente.