La citada disposición fue ejecutada con cierta obligatoriedad más que por interés o entusiasmo por los servidores, asistiendo a las clases de enseñanza de idiomas nativos, según el uso y la región, pues constituía condición sine qua non de permanencia en la función pública, así como para optar a cualquier postulación a cargos de la esfera gubernamental. 

El incumplimiento a esta disposición debería dar lugar al despido directo de funcionarios que no acaten tal requisito, cual fue el advertido que el mismo Presidente señalara el 26 de julio de 2015, en un acto en el municipio de Puna, Potosí, y que no dejó de ser una más de las desafortunadas aseveraciones a las que nos tiene acostumbrados.

 Al presente, la evaluación de las aptitudes lingüísticas adquiridas por los servidores públicos podría ser calificada como laxa, displicente y que incumple lo previsto por la Ley 269, pues en la práctica se ha evidenciado excepciones, privilegios, y en otros, el despido de funcionarios para reemplazarlos con personal “más comprometido con el proceso de cambio”; haciendo entrever que dicha ley ejerce cierta condición de funcionalidad y sometimiento ideológico al partido gobernante, es y utilizada hábilmente para desligarse circunstancialmente de quienes no comulgan con sus ideales.      

Precisamente, ahí radica nuestra crítica e incomodidad ante los privilegios y excepciones en la aplicación imparcial de la Ley 269 -cual ha sido una constante en el accionar del partido gobernante MAS- siendo el caso concreto del Presidente y Vicepresidente, quienes en reiteradas ocasiones han demostrado sus grandes limitaciones en el manejo, pronunciación y entonación de un idioma nativo. 

Evadiendo así sistemáticamente las invitaciones de la prensa a brindar un simple saludo en idioma nativo, sea en aymara o quechua, aún obtusa y forzadamente, cual fue el breve y trastabillado discurso en aymara de Morales en ocasión del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en la ONU, acrecentando aún más el debate en el país sobre si los dos primeros mandatarios efectivamente hablan una lengua nativa, como ordena la Constitución. 

Morales y García se encuentran inscritos como candidatos para las elecciones generales de fin de año y habrían presentado ante el TSE certificados de aprobación de idiomas nativos emitidos por la EGPP. De acuerdo a la inscripción como candidato presidencial, Morales entregó dos certificados que señalan que es “aymara y quechua hablante”; mientras que su acompañante es “aymara hablante”. 

A pesar de tales certificaciones, no han tenido la capacidad de demostrar con solvencia pública el dominio de una segunda lengua oficial, siquiera medianamente sus habilidades comunicacionales de pronunciación y entonación, por lo que, si se aplica a letra muerta el reglamento de habilitación de candidatos a Presidente y Vicepresidente del TSE, deberían ser automáticamente inhabilitados.

Lamentablemente es pedirle demasiado a una instancia cooptada, servil, sumisa, parcializada y cómplice de las disposiciones arbitrarias del partido gobernante MAS, pues ha permitido la participación de un binomio (Evo-Álvaro) que constitucionalmente está inhabilitado.