Si esto no pudo concretarse, no fue porque el mencionado magistrado entrara en razón y se redimiera, sino por la intervención del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien sugirió al TCP definir una licencia en tanto duren las investigaciones que encara la Fiscalía, ahora de oficio, tras el desistimiento presentado por la denunciante, su esposa.

Ceballos no renuncia: pide licencia, pide perdón, se muestra arrepentido, pero no explica cómo, con los antecedentes que tiene, presentó el certificado del SIPPASE, que inhabilita para ocupar cargos públicos en cualquier órgano del Estado o nivel de administración (sea elección, designación, nombramiento o contratación) a toda persona que tenga antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia.

Y es que Ceballos no es una excepción: es una regla. Como él, ya otros diputados, asambleístas, etc., han sido denunciados por sus parejas con pruebas unas más grotescas que otras, y luego de un revuelo mediático, más o menos intenso, han seguido campantes en sus cargos, aupados por sus propias víctimas, quienes suelen “recapacitar” y levantar las denuncias. 

Algunas de ellas, las más rebeldes, las que se resisten a recapacitar pronto, son incluso acusadas y desprestigiadas, de manera que desistir ya no es una opción, sino una obligación.

Es la forma solapadamente agresiva en que se ejerce la violencia desde el poder. No es únicamente la mentalidad patriarcal la que hace que de los labios de los poderosos broten bromas y exabruptos,  como lo vimos hace unos días a propósito del Día Internacional de la Mujer, sino estas maniobras que primero naturalizan la violencia como parte del menú de convivencia familiar y luego la desaparecen con quien sabe qué tipo de presiones o chantajes. Es impostergable que desde el poder político se tomen en serio estas manifestaciones de cinismo y de atropello a las leyes.  

Las autoridades o militantes que ejercen la violencia deben ser separados de sus funciones y los desistimientos de las denuncias contra ellos deben ser objeto de atención para no seguir alimentando la impunidad.