Por una parte está la evidencia de que las naciones preincaicas, aquellas que existían en el territorio hoy boliviano antes de la expansión del Tawantinsuyu, tienen descendientes o, por lo menos, grupos de personas que, en el marco de la ley, reivindican su pertenencia a las mismas. Así, sabemos que además de los qhara qhara, existen los soras, lupacas, pacajes, omasuyos y buena parte de las naciones nombradas en el documento que se labró en 1582 y es conocido como “Memorial de Charcas”. A éstas hay que sumar las naciones que, bajo el genérico rótulo de “culturas”, ya eran conocidas por el común de la gente como, por ejemplo, los kollas y yamparas.

La existencia de estas naciones pone en jaque al indigenismo y/o indianismo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) predica desde que saltó a la palestra política; es decir, desde que estaba en papel opositor. Ya en esos tiempos, ese partido reivindicaba el papel de los indígenas y proclamaba a su líder, Evo Morales, como parte de esas mayorías nacionales.

Una vez en el poder, el MAS impulsó una Asamblea Constituyente que redactó un texto que incluye un enorme contenido indigenista. Se cambió, incluso, el nombre al país que de república pasó a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. La Constitución Política del Estado (CPE), que fue el resultado de dicha asamblea, reivindica las luchas indígenas desde su preámbulo mismo y define, en su primer artículo, a Bolivia como “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. La plurinacionalidad, sobra decirlo, se refiere a varias naciones y los qhara qhara son una de ellas.

A partir de ese precepto constitucional fundamental –pues se encuentra en la primera parte de todo el texto–, lo que corresponde es que el Estado respete a la diversidad de naciones existentes en territorio boliviano. En lo que hace a la titulación de tierras, lo que estuvo haciendo el Instituto Nacional de Reforma Agraria no fue precisamente aplicar una lógica jurídica sino política pues entregó títulos a los sindicatos agrarios, especialmente a los que responden a las organizaciones sociales alineadas con el MAS.

El conflicto que detonó la marcha fue la titulación en los ayllus de Quila Quila, Chuquisaca. Los qhara qhara afirman que se entregó títulos a terceros; es decir, a personas ajenas a esa nación originaria, incluyendo sindicalistas del oficialismo, y el Gobierno se defendió –inicialmente de manera exitosa– señalando que Quila Quila no pertenece a la nación qhara qhara sino a la yampara. Sin embargo, los representantes de los marchistas mostraron documentos mediante los que el Gobierno extiende credenciales en 2008 incluyendo a Quila Quila en el territorio reconstituido de los qhara qhara.

Ahora que los qhara qhara llegaron a La Paz, lo mejor que se le ocurrió al Gobierno fue insultar a los marchistas. Les dijo “pagados” pues, según su versión, estarían financiados por las ONG. Se cuestionó, también, que quieran reivindicar documentos coloniales y de las revisitas. En su afán de defender a los sindicatos, olvidan el fondo del asunto: las naciones originarias, como los qhara qhara, existen. No son creaciones artificiales de los últimos tiempos.

Al confrontar a esta marcha, el Gobierno está vulnerando el artículo 2 de la CPE y, además, está negando derechos a naciones indígenas. Si se proclama indígena, se está negando a sí mismo.