Las autoridades originarias fueron informadas que serían atendidas por el viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo, por lo que resolvieron organizar comisiones para ingresar al diálogo, no obstante, no fueron convocados.

"Seguimos esperando a que nos atiendan, ya pasaron varias horas y no tenemos respuesta, no vamos a movernos del lugar aun así llueva", indicó Pablo Zeballos, uno de los representantes.

Los movilizados amenazaron con otras medidas de presión si es que las autoridades gubernamentales no escuchan y atienden sus demandas.

"Estamos aquí para conseguir resultados, 41 días de marcha no pueden ir a la basura", acotó el curaca mayor de la nación Qhara Qhara, Mario Chincha Gutiérrez.

Anoche, 11 marchistas se declararon en vigilia permanente dentro de las oficinas del Viceministerio de Autonomías. Denunciaron una fuerte presencia policial y demandaron la solidaridad de la población paceña.

La marcha exige tres temas en su pliego: la modificación de la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la reconstitución de sus territorios ancestrales.

Se movilizaron durante 41 días desde Sucre, durante los cuales hubo un intento de diálogo en Oruro que fracasó. A plan de coca y con la solidaridad de algunas organizaciones indígenas de tierras bajas lograron llegar a la Sede de Gobierno, ahora esperan que las autoridades los escuchen.

La primera reacción gubernamental fue de descalificación; el ministro de Gobierno, Carlos Romero, minimizó la marcha y la acusó de ser financiada por organizaciones no gubernamentales.

"Es una marcha muy pequeña (...), largo tramo se ha desempeñado en movilidad, están 40 días sostenidos por estas ONG con financiamiento o sea que es una marcha pagada, una marcha hipotecada, no recuerdo que los movimientos sociales genuinos hayan marchado con viáticos o con dineros pagados como en este caso", acusó.