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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: lunes 18 de marzo de 2019
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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La manifestación de la llamada Nación Indígena Originaria Qhara Qhara partió el pasado 6 de febrero desde Sucre, en el sureste boliviano, y arribó en esta jornada a La Paz.
Vestidos con sus ropas tradicionales, los indígenas recorrieron las principales calles paceñas con pancartas en las que reclamaron "respeto a la naciones y territorios ancestrales" y "restitución de territorios", entre otras consignas.
"Con 41 días de marcha estamos firmes en pleno para poder hacer que el gobierno nos pueda escuchar en nuestro pedido que está estipulado en la Constitución", dijo a Efe el curaca (jefe) mayor de la nación Qhara Qhara, Mario Chincha.
El dirigente sostuvo que lo que reclaman son derechos que no se pueden "vulnerar ni negociar", pues "todos los que estamos viviendo en este Estado plurinacional tenemos que defender el respeto a la Constitución".
La Nación Qhara Qhara, que ocupa las regiones de Potosí y Chuquisaca, rechaza las titulaciones individuales de tierras promovidas por las autoridades y exige que el Gobierno de Evo Morales les reconozca como legítimos dueños de los territorios que, según aseguran, ocupan desde antes de la colonia.
Estos indígenas también demandan que se les permita ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación y se respete la justicia indígena.
El sector basa sus demandas en tres artículos de la Constitución boliviana vigente desde 2009 y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
En la marcha también hay indígenas del altiplano de La Paz, del oriente y el norte amazónico boliviano que se unieron a los Qhara Qhara en el camino para reclamar por sus derechos territoriales.
Los movilizados instalaron una vigilia en las puertas del Ministerio de Justicia, en pleno centro paceño, a la espera de poder dialogar con las autoridades de esa oficina
En declaraciones a los medios, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, minimizó la marcha y acusó a los indígenas de recibir financiación de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) para movilizarse.
"Están 40 días sostenidos por estas ONG con financiamiento, es una marcha pagada, una marcha hipotecada", afirmó.