La reacción en el ámbito de la administración central ante suele ser con excesiva frecuencia, por decir lo menos, tolerante. Más allá de las retóricas declaraciones de que se "investigará caiga quien caiga", la experiencia enseña que eso sólo se puede entender que los juicios no prosperarán. Para justificar eso, se esgrimen argumentos insólitos, como que se trataría de ataques discriminatorios. En el Estado Plurinacional nadie es denunciado  por corrupción, sino por ser indígena o mujer. Lo que queda claro es que hay gente a la que no se toca, lo que confirma los actuales inquilinos del Ejecutivo están decididos a hacer prevalecer la impunidad cuando quienes son acusados de cometer actos de corrupción pertenecen a la actual élite gobernante.

Se trata de una actitud que a lo largo de nuestra historia ha sido permanente. Sólo rememorando lo sucedido con el sistema político-partidario que se forjó a partir de la recuperación del sistema democrático, se puede sostener que su deslegitimación no fue producto de la visión liberal que entonces se adoptó ni de los errores cometidos en la administración estatal, sino de la creciente impunidad que prevaleció en defensa de sus integrantes que cometieron fehacientes actos de corrupción o violaron sistemáticamente las normas que exigen transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En este sentido, bien harían las principales autoridades en reflexionar sobre este tema. La ciudadanía se sintió ofendida y hastiada del surgimiento de fortunas privadas tras el paso por el poder de ciertos personajes, sin que los mecanismos de justicia hayan actuado como era de esperar (y eso que en esos tiempos el Órgano Judicial funcionaba mucho mejor que en la actualidad).

Para sentar un importante precedente, como necesario acto de pedagogía cívica, o para preservar su propia legitimidad, las autoridades de gobierno debieran revisar esta su actitud pasiva ante hechos de corrupción