Según un informe de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), al que tuvo acceso La Razón, estos casos se presentaron con un mayor porcentaje en los departamentos de La Paz, Potosí y Santa Cruz, los que además son los más poblados del país.

Bernarda Saure, directora Ejecutiva de Acobol, explicó que la llamada “gestión compartida” es la figura más recurrente de acoso que enfrentan las mujeres en su gestión edil. Esta forma de acoso consiste en que las autoridades suplentes obligan a las titulares a renunciar a sus cargos a través de la presión en alianza con algunos dirigentes de organizaciones sociales; algunas veces con alcaldes o a través de personeros de los propios partidos.

Proceso. “En algunos casos hay acuerdos formalizados para viabilizar esas renuncias, incluso, con notarios y, en esos casos, sí han renunciado, casi obligatoriamente, pero en otros casos solamente fueron acuerdos verbales. Es ahí cuando hemos respaldado a nuestras compañeras y hemos recurrido al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y al Órgano Electoral”, explicó Saure; detalló que 51 de los 117 casos denunciados en 2018 (el 44%) tienen que ver con la figura de “gestión compartida”.

Entre otras figuras de acoso político, la Acobol identificó a la fiscalización desproporcionada, la discriminación, retención de salarios y descuentos, afinidad política, acoso sexual y otro tipo de presiones que enfrentan las mujeres.

A principios de 2017, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya detectó “presiones” a mujeres que ejercen cargos públicos ediles. Hace dos años, esas autoridades concluían el segundo año de su mandato, tras las elecciones subnacionales de 2015. Durante esa etapa, se generó “una presión para que las asambleístas y concejalas renuncien para habilitar a los varones”, explicó en ese entonces Katia Uriona, quien presidía el TSE.