Todo parece indicar que tendrán un fuerte carácter legislativo las elecciones a celebrarse en octubre, cuando el gobierno decida la mejor fecha, pues no desea una sobreposición con las elecciones presidenciales en Argentina, donde en las más recientes elecciones hubo unos 100.000 sufragantes bolivianos. Debido a la disputa aún no zanjada definitivamente en torno a la recandidatura del presidente Evo Morales, que los principales partidos opositores se rehúsan a aceptar, las principales organizaciones se preparan para una justa en la que por primera vez el principal trofeo puede no ser la presidencia de la república, sino la mayoría de las cámaras legislativas. Desde ellas se habrá de gobernar más que desde la presidencia durante el período 2020-2025, vaticinan politólogos y entendidos en cuestiones electorales.

El partido de gobierno da por descontado que sus candidatos ganarán la elección. Pero esa premisa aún tiene un camino largo por recorrer, debido a la oposición a una nueva candidatura del presidente Morales, que empieza a ser juzgada como una anomalía también en el exterior.

Con el gobierno de Nicolás Maduro tambaleante, o con los días contados, como aseguran autoridades estadounidenses, resulta prematuro dar por asegurada la candidatura del líder boliviano, cuando la corriente que lo lleva, el Socialismo del Siglo XXI, yace en la lona. La camiseta de esa corriente solo la visten el venezolano Maduro y el presidente Morales. De ella ya se apartaron los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Ecuador, solo en América del Sur. Nadie duda que de persistir en su candidatura, tendrá que remontar una cuesta extenuante muy empinada. Nadie ignora las dificultades de gobernar en esas condiciones, bajo un ambiente externo crecientemente adverso.

La experiencia de perder para el oficialismo la gran mayoría de los escaños parlamentarios ha resultado nefasta para las fuerzas opositoras, que, como imbuidas de un impulso disgregador, han optado por caminos individuales, contrario a unir sus fuerzas en un solo frente, sin esperar una todavía supuesta segunda vuelta presidencial basada en la creencia de que el candidato oficial no será capaz de ganar de un solo envión. Eso supondría un cálculo frágil, dicen los entendidos, un todo o nada peligroso para sus proponentes y sus seguidores, cuando en muchos ciudadanos persisten dudas sobre la pureza del padrón electoral, al que se atribuye contener registros ilegales correspondientes a difuntos y duplicaciones, entre otros, capaces de alterar resultados.

Aún está pendiente un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DDHH sobre la legalidad de una nueva candidatura del presidente Morales. Ésta fue rechazada por el referéndum de febrero de 2016, pero reimpuesta por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dictaminó que la re-elección, inclusive ad infinitum, es un derecho humano individual que se sobrepone a un derecho colectivo como el emanado del referéndum.

La espera por el dictamen de ambas instituciones sobre el entredicho luce interminable. “Estas instituciones deberían actuar de oficio sin siquiera esperar una denuncia”, me dijo Rubén Darío Cuéllar, quien preside la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que pidió el pronunciamiento de las cortes regionales.

“El silencio que se empecinan en mantener sobre Bolivia, ronda la complicidad sobre la violación denunciada”. Recalcó que el fallo del TCP a favor de las reelecciones indefinidas “desconoce la voluntad del soberano expresada el 21F” e ignora la CPE que dicta que el presidente y el vicepresidente “solo pueden ser reelegidos por una sola vez”.

Con la candidatura oficial aún en entredicho, los esfuerzos de los partidos que concurrirán a las elecciones de octubre deberán volcarse hacia los pretendientes a cargos legislativos. La campaña que se asoma puede ser una de las más reñidas de la historia.