Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: domingo 17 de marzo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La audiencia de medidas cautelares que se realizó ayer, sábado, se extendió por casi seis horas en medio de la expectativa de los medios de comunicación. Hubo dos pequeños cuartos intermedios para que los presentes en la sala se tomaran un descanso.
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El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, calificó de acertada la decisión del juez y dijo que el actuar de la Fiscalía es una demostración de que no hay privilegios, pues quien está siendo procesado es ex diputado del MAS, gozaba de un alto cargo y se jactaba de ser hombre fuerte del partido de Gobierno.
La imputación del Ministerio Público por extorsión, concusión, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes (todos considerados delitos de corrupción) parte de una denuncia que presentó Rolando R.G.
Según el denunciante, en diciembre de 2016 se conoce con Condori y un tiempo después se citan en un restaurante donde cierran un compromiso de adjudicación de tres proyectos por Bs 200 mil, pero no hay ningún tipo de pago. Sólo la cena que tenía un costo de Bs 700 que fue cancelada por Rolando; la factura fue hecha a nombre de Condori, aunque hay dudas de que también pudo haberse hecho a nombre de la AEV.
En marzo de 2017, vuelven a encontrarse y la autoridad de la AEV, según palabras del denunciante, le ofreció adjudicarle un proyecto en Culpina a cambio de Bs 100 mil, pero terminó entregándole Bs 35.000, de los que Bs 10.000 fueron colocados en su bolsillo y Bs 25.000, en una especie de billetera. En abril se suscribe el contrato de adjudicación.
En marzo de 2018 se encuentran nuevamente y Condori le ofrece dos proyectos, uno en Tarabuco y otro en Poroma, también a cambio de dinero, pero no aclara cuánto. El 23 de ese mes se firma el contrato.
En una nueva oportunidad, el entonces Director Departamental de la AEV le recuerda que debe entregarle dinero por el proyecto de Poroma; el contratista le recuerda que ya le dio Bs 35.000. Aquello irritó al funcionario público que le manifestó que necesitaba el dinero para financiar su candidatura como senador o diputado en 2019. Rolando dijo que incluso se jactó de que viajó en el avión presidencial.
El segundo denunciante es Luis M.L., quien se conoció con el imputado en noviembre de 2017 y le ofreció hacer negocios con puertas. Sin embargo, el ex ejecutivo Departamental de la AEV le dijo que para ordenar la compra tenía que hacer “un aportito” de 5% del monto total del contrato. No hay referencia de que tal porcentaje se hubiera pagado.
El tercer denunciante es Marcos V.R. quien testificó haber escuchado a Condori pedir Bs 70.000 a un empresario y que éste sólo le dio Bs 50.000. Narró que él intento acceder a una adjudicación y que el funcionario le pidió Bs 35.000. Al explicarle que no tenía ese dinero, éste le sugirió que ese monto podría quedar como un préstamo que le haría. No hay referencia de que recibió ese monto.
El 13 de marzo de este año, la Fiscalía allanó el domicilio del imputado y encontró 20 documentos, de los que 18 correspondían recibos de préstamos de dinero de Condori a otras personas y un contrato de préstamo por montos que oscilaban entre Bs 40.000 y 100 mil. También se encontró un cheque a su nombre por Bs 100 mil. El capital que supuestamente movía en préstamos asciende a Bs 1.119.000.
El Ministerio Público hizo notar que lo “curioso” de esta situación es que todos los nombres que figuraban como acreedores habían suscrito contratos de adjudicación de proyectos con la AEV.
Para el director General de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia, César Romano, los documentos encontrados en la casa de Condori son “incriminadores, alarmantes, groseros y cínicos”, pues además se puede establecer quiénes eran los que más se beneficiaban con proyectos direccionados.
Romano dijo también que al entregar las empresas dineros al funcionario, se puso en duda la calidad de las obras. Anunció una investigación para conocer si se perjudicó o no a los adjudicatarios de viviendas.
La defensa no rebatió los supuestos hechos que incriminan a Condori y se limitó a sembrar duda respecto a que la denuncia se basa en “simples declaraciones” y que las evidencias (documentos) estaban embalados y no se podía conocer su contenido. El Ministerio Público hizo notar que hay un amplio contenido fotográfico de aquello.
Con estos elementos, Bracamonte consideró que el imputado es con probabilidad autor del hecho y que son evidentes los riesgos de fuga, obstaculización, peligro efectivo para la sociedad, que puede ocultar o suprimir pruebas e influir en testigos, por lo que decretó la detención preventiva en la cárcel San Roque.
La defensa no quedó conforme con esta decisión y pidió que la detención sea en Camargo, pero fue rechazada por el juez.
Ambas decisiones fueron apeladas.
1. La audiencia de medidas cautelares estaba prevista para las 9:30, pero empezó a las 9:45.
2. Durante el actuado judicial se realizaron dos cuartos intermedios; en el primero los presentes abandonaron la sala; en el segundo, no. El juez ordenaba la documentación para dictar resolución.
3. El Ministerio público se presentó con un equipo de cuatro fiscales: Elizabeth Viveros, David Fernández, Juan Carlos Trigo y Sindulfo Romay.
4. En calidad de víctimas estuvieron el Ministerio de Justicia y Transparencia y la Agencia Estatal de Vivienda representado por sus abogados.
5. La defensa estuvo conformada por Milton Mendoza y Franz Ceballos.
6. La redundancia de argumentos de parte de la Fiscalía y de las víctimas alargó innecesariamente la audiencia de medidas cautelares.
7. También estuvieron presentes investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen encabezado por su director coronel Guillermo Chacón.
El Ministerio Público dejó entrever que el ex director Departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Chuquisaca, Irineo Condori, extorsionaba a empresarios de la construcción para direccionar adjudicaciones de proyectos a cambio de dinero. Sólo en parte de 2018 y 2019 tenía Bs 1,1 millones por cobrar bajo recibos de supuestos préstamos.
El juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1º de la Capital, Gary Bracamonte, declaró al imputado como probable autor de cuatro delitos de corrupción y lo envió a la cárcel San Roque con detención preventiva.
