A través de un pronunciamiento los firmantes remarcan que los funcionarios de la Magistratura, en especial aquellos que ejercen funciones en materia de justicia constitucional, deben acreditar "alta integridad y una conducta ética irreprochable" para evitar señalamientos o denuncias.

"Una autoridad judicial además debe mantener estándares elevados no sólo en el ejercicio de la función judicial sino también en su vida particular, lo contrario generaría desconfianza hacia el sistema de justicia, por lo que consideramos inadmisible el ejercicio de la función judicial por una autoridad que ha cometido un delito", se lee en el documento.

Además, afirman que Ceballos por su cargo, en algún momento pudiera pronunciarse sobre casos que involucren hechos de violencia contra las mujeres, hecho que según las organizaciones "carecería de solvencia moral".

En consecuencia, piden a Ceballos presentar su renuncia al cargo de magistrado del TCP por "la incompatibilidad de sus actos con la función judicial" y exhortan al Ministerio Público a actuar de oficio en este caso hasta su conclusión con una sentencia, con base "a una investigación oportuna y transparente que garantice el máximo escrutinio a la conducta del magistrado denunciado y los antecedentes de este hecho, toda vez que se trata de un servidor público".

También solicitan a las autoridades competentes otorgar medidas inmediatas de protección a la denunciante, precautelando su integridad y bienestar.

Luego de que la esposa de Ceballos lo denunciara por violencia intrafamiliar, el Ministerio Público abrió una investigación y el magistrado solicitó licencia a su cargo para enfrentar el proceso hasta su resolución.

La semana pasada, la autoridad judicial junto a su esposa ofreció una rueda de prensa donde minimizó los hechos. La pareja (víctima) en esa ocasión, señaló que solo fue discusión y que desistió de la denuncia en contra de su esposo, pese a que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) le otorgó siete días de impedimento.