Obviamente esta situación provoca que los gobiernos municipales no cumplan con sus funciones, lo que afecta en forma directa tanto la vida cotidiana de la población como la vida económica de la región pues se paralizan obras, se acumulan demandas y, ante el vacío de autoridad, cada quien comienza a creer que lo único que vale es su interés.

A ello se debe agregar dos circunstancias que favorecen la profundización de la crisis municipal. Una, la existencia de una Gobernación ausente porque las autoridades de este nivel están más interesadas en reforzar la campaña electoral del inconstitucional binomio oficialista que en hacer gestión pública. Es más, su sumisión a los intereses del MAS y al gobierno central le ha hecho perder toda autoridad y desaprovechar su función de ser cabeza departamental.

La otra, la profunda crisis que vive el Órgano Judicial y el Ministerio Público que funcionan sólo a presión de los más fuertes porque han olvidado que su papel es actuar conforme a lo que mandan la Constitución Política del Estado y las leyes para garantizar la pacífica convivencia ciudadana.

En ese escenario, no hay día en que no se conozca alguna denuncia de corrupción municipal; de problemas en la administración de la ciudad; de fallos o intervenciones que se realizan a presión del gobierno central y en función a si el municipio es manejado por la oposición al MAS o por el MAS, y en este caso, ha cobrado fuerza la pelea por la exigencia de los concejales suplentes de gozar de la titularidad.

Esto muestra otra fuente de la crisis: la desinstitucionalización provocada por el MAS y el gobierno en su búsqueda del poder hegemónico sobre la sociedad (una actividad, entre otras, que da cuenta de esa acción es la del Presidente del Estado fungiendo como alcalde, ante el aplauso de sus áulicos que no dudan en aprovechar su figura para mantenerse a como dé lugar en el goce del poder).

Pero, las razones señaladas no alcanzan para explicar integralmente esta crisis generalizada y que intuyo que sucede en todas las alcaldías del país. Por ello, creo que existe un problema de fondo adicional: el contundente impulso que tuvo la reorganización del país y la redistribución de recursos a través de los gobiernos municipales por la Ley de Participación Popular ha perdido fuerza.

Este debilitamiento ha hecho que la acción de muchas organizaciones políticas (nacionales y regionales), líderes “outsiders” y corporaciones gremiales de distinto tipo –que tienen en común vivir en función a las actividades y recursos municipales– hayan transformado el espacio municipal en una feria para la satisfacción de sus intereses particulares y ante la frustrada resignación ciudadana.

Se trata de un problema que sólo podrá ser enfrentado una vez que el país retorne al cauce democrático y el estado de Derecho, porque no se trata de revertir la amplia descentralización que significó la Participación Popular, como es un objetivo del MAS, como en muchas oportunidades han señalado sus principales voceros e ideólogos, sino, más bien, de renovar y adecuar este espacio, que es el más cercano del Estado para el ciudadano, en función a un mejor y transparente servicio. Es decir, comenzar un vigoroso nuevo ciclo.

En fin, mientras el Presidente del Estado hace campaña, defiende a Maduro; Carlos Mesa presenta libros, escucha a la gente, presenta libros, elabora mensajes; Óscar Ortiz hace campaña, trabaja en el Senado, hace campaña, denuncia corrupción; Víctor Hugo Cárdenas hace campaña, confunde, hace campaña, más confunde; Jaime Paz cree que su “ausencia hace presencia", van ocurriendo cosas que pasan como si nada pese a que tendrán serias consecuencias.