La confianza ciudadana en las instituciones estatales es cada vez menor. En contrapartida, la percepción de que las instancias públicas son corruptas es cada vez más alta. Así lo detectó una investigación de opinión pública hecha por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

A través de una encuesta aplicada en febrero a 744 personas mayores de edad (margen de error del 3,59% y confianza del 95%), lograron detectar que entre 2018 y 2019, la confianza de las personas en las instituciones públicas bajó del 34 al 32%. Esto, según la escala propuesta por los especialistas, la ubica en el rango de “poco confiable”. Por el contrario, en la percepción de corrupción, las cifras suben. Si el cuadro ya era preocupante en 2018, cuando se situaba en 88%, este año ha trepado siete puntos más para instalarse en 95%.

De todas las instituciones medidas (Gobierno nacional, Gobierno departamental, Gobierno municipal, Ejército, Policía, Órgano Judicial y Órgano Electoral), el que peor está es el Electoral. Obtuvo 28 puntos, que, en la escala propuesta por la Gabriel, quiere decir que es poco confiable en bajada, es decir, cerca del borde de nada confiable. Apenas un punto mejor está la Policía y la justicia. En la media general está el Ejército, el Gobierno nacional trepa hasta los 35 puntos y un poco más arriba, con un empate a 40 puntos, en el límite superior de poco confiable, están la Alacaldía y la Gobernación.

Cuando se ingresa al análisis de políticas públicas, el Gobierno nacional se aplaza en la lucha contra la pobreza (39%, cuatro puntos menos que en 2018) y todos son vistos como poco confiables en el tratamiento de la seguridad ciudadana (30%) y han bajado cuatro puntos, en promedio, cuando se mide el desempeño de gestión pública (42%).

La corrupción

Si a priori solo cinco de cada 100 personas creen que no hay corrupción en la administración pública, cuando se les pide que basen su respuesta en la experiencia, el 72% de los consultados dice que hay corrupción, siendo el Gobierno nacional el más señalado, con el 78% un crecimiento del 1% respecto al año anterior.

Pero tampoco se salvan Gobernación y Alcaldía, con un 70% cada uno y un crecimiento de la percepción del 3% respecto al año anterior. No parece ser una tendencia que vaya a mejorar, ya que el cruceño de hoy es un 5% más pesimista que el de 2018 y un 73% dice que la corrupción se ha expandido en las instituciones.

Visiones

Luis Andia, politólogo y catedrático de la Gabriel René Moreno, consideró que no hay confianza en las instituciones públicas, pero, salvo en países como Uruguay o Chile, esta es una tendencia latinoamericana. Sin embargo, debe preocupar la tendencia, que es a bajar. Considera que estas percepciones se acentúan o bajan dependiendo de la politización del tema.

Pone como ejemplo la situación de la justicia, que, pese a que tiene una calificación de 26, es dos puntos mayor al de 2018, cuando la medición se hizo justo después de las elecciones judiciales.

También observa que la percepción de corrupción, que antes era dominante para el nivel central del Estado, ha bajado a los niveles subnacionales, justo un año antes de la elección de nuevas autoridades.

Para Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional de la Gabriel René Moreno, debe preocupar a las instituciones la elevada experiencia negativa con respecto a la corrupción en los tres niveles del Estado.

Franz Flores, politólogo y doctor en Ciencias Políticas, coincide con Andia en que la baja confianza en las instituciones no es novedad en Bolivia y todos los estudios que se han hecho sobre estos temas siempre lo han ratificado; sin embargo, durante unos años, hubo una especie de recuperación de credibilidad en el cambio del ciclo político liderado por Evo Morales.

Recuerda que fue como si la población hubiera apostado por el MAS, suponiendo que iba a generar un cambio institucional. Observa que este momento de optimismo se ha ido diluyendo y que ha vuelto la desconfianza, producto de la desinstitucionalización generada por algunas políticas del Gobierno.

En su opinión, lo más peligroso es tipo el de relación entre el sujeto y el Estado que genera esta percepción. Por lo general, esa relación está mediada por reglas y al cumplir esas reglas al ciudadano le va mejor; pero, la poca confianza y la alta corrupción, puede indicar que se está construyendo una sociedad en la que incumpliendo las reglas les va mejor en la vida.

“Se crean un nuevo paquete de ‘reglas informales’, que se mueven por hilos que no son normas sino conductas. Hay que recordar que las instituciones no son edificios, sino un conjunto de normas que se deben cumplir”, dijo.

Para Flores, el indicador más preocupante es la muy baja confianza en el Tribunal Electoral. Lo achaca a la influencia atribuida al Gobierno en esta institución y cree que “desconfiar en el árbitro”, pone en riesgo a la democracia y da lugar “a discursos siempre extremistas que, como el árbitro no es confiable, desconozcamos el proceso”. Coincide también Andia en este punto y cree que la oposición a Morales juega a una estrategia de doble resultado: si gana es mérito absoluto de ellos, pero si pierden, es por fraude.

Para la socióloga Elisa Saldías, la desconfianza institucional refleja una gestión pública que no satisface o incide en la mejor calidad de vida de la población. También la ve como un reflejo de una falta de información oportuna desde las instituciones hacia la sociedad civil o la necesidad de mayor transparencia para que el ciudadano pueda hacer seguimiento y sentirse parte de la gestión pública.

Para la catedrática e investigadora de Gabriel René Moreno, la corrupción ya está institucionalizada, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica.

Cree que se ha formado un sistema de valores alrededor de ella y en las familias y grupos sociales se ha vuelto ‘normal’. Pone como ejemplo la frase casi convertido en ley: “No importa que robe, pero que haga algo”.

Ve que la conjunción de corrupción y desconfianza genera indiferencia que se transforma en permisividad. Lo riesgoso es que esto amplía los espacios de corrupción y puede detonar en hastío, cuya mayor expresión es la protesta o la rebelión.

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