"Vamos a presentar el día de hoy (viernes) seis nuevas denuncias penales contra funcionarios y ex funcionarios del municipio de Quillacollo", informó en una conferencia de prensa.

Explicó que esas querellas fueron el resultado de una intervención realizada el 30 de enero en la Alcaldía de Quillacollo, por una comisión interinstitucional de acción inmediata "del más alto nivel" de autoridades de varias entidades estatales, que fue liderada por el Ministerio de Justicia.

Según Jiménez, entre los implicados se identificó de manera inicial a al menos cinco ex y actuales colaboradores de los alcaldes Eduardo Mérida y Zacarías Jayta, quienes enfrentarán cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, manipulación informática y sustracción de documentos.

Detalló que dos de las querellas tienen que ver con el uso irregular "total" de recursos económicos de caja chica, manejados por ex jefes de recursos humanos, como Gerson E., y un ex funcionario identificado como Jesús S., que recibían cheques a su nombre, entre ellos uno de 10.000 bolivianos, y no presentaron los descargos respectivos.

Explicó que la tercera querella tiene relación con una alteración del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), que fue realizada por el exfuncionario, Jhon Paul G., que sólo tuvo un proceso administrativo.

Precisó que la cuarta denuncia se vincula con la desaparición de 24 de 46 procesos sumariantes de la gestión del alcalde, Eduardo Mérida; y un quinto con la supresión y eliminación de datos de un registro biométrico antes del 30 de junio de 2018, para el presunto encubrimiento de "ítems fantasmas".

"Un sexto proceso penal tiene que ver con una denuncia contra el exjefe de la Unidad de Transparencia, Grover Gustavo Bohórquez, que cuando dejó el cargo se llevó absolutamente todo, no dejó ni una sola hoja y por lo tanto no existió posibilidad en adelante de conocer cuál es el alcance de denuncias, la investigación por posibles irregularidades e ilícitos", dijo.

Jiménez agregó que la comisión interventora entregó a la Alcaldía de Quillacollo tres solicitudes de auditoría en los casos del RUAT, la compra de una planta de asfalto y un régimen municipal de incompatibilidades, además de cinco recomendaciones para la creación de manuales de uso de recursos, protocolos para el gasto de caja chica, un sistema de declaración de bienes y rentas, procesos de contratación, el régimen de pago de rentas a las personas con discapacidad y un registro ante la Contraloría General del Estado.