Indicó que entre los implicados se identificó de manera inicial a unos cinco ex y actuales colaboradores de los alcaldes Eduardo Mérida y Zacarías Jayta, quienes enfrentarán cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, manipulación informática y sustracción de documentos.

Detalló que las dos primeras querellas tienen que ver con el uso irregular de recursos económicos de caja chica, manejados por exjefes de recursos humanos, como Gerson E., y un exfuncionario identificado como Jesús S., que recibían cheques a su nombre, entre ellos uno de 10.000 bolivianos, y no presentaron los descargos.

Explicó que la tercera acusación tiene relación con una alteración del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), que fue realizada por el exfuncionario, Jhon Paul G., que solo tuvo un proceso administrativo.

La cuarta denuncia está vinculada con la desaparición de 24 de 46 procesos sumariantes de la gestión del alcalde Eduardo Mérida. El quinto con la supresión y eliminación de datos de un registro biométrico antes del 30 de junio de 2018, para el presunto encubrimiento de "ítems fantasmas"."Un sexto proceso penal es contra el exjefe de la Unidad de Transparencia, Grover G. B., quien al dejar el cargo se llevó toda la documentación", dijo.

Jiménez agregó que la comisión interventora entregó a la Alcaldía de Quillacollo tres solicitudes de auditoría en los casos del RUAT, la compra de una planta de asfalto y un régimen municipal de incompatibilidades, además de cinco recomendaciones para la creación de manuales de uso de recursos, protocolos para el gasto de caja chica, un sistema de declaración de bienes y rentas, procesos de contratación, el régimen de pago de rentas a las personas con discapacidad y un registro ante la Contraloría.



57 CASOS El director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Quillacollo, Jorge Nava, dijo que la institución realizó varias acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría. Es por eso que “descubrieron” que hay 57 casos de parientes que estarían trabajando en ese munocipio. Asimismo, pidieron a todos los trabajadores que presenten su libreta militar.

La directora de Asesoría Jurídica, María del Carmen Borda, indicó que formaron una comisión de tres abogados penalistas que están revisando todos las denuncias y los documentos para que, luego de una exahustiva revisión, inicie los procesos administrativos que sean necesarios.