Desde la Apacheta y antes de retomar camino rumbo a Zenkata, el tata Mario Chincha, kuraka de Kila Kila y secretario Permanente del Tribunal de Justicia Indígena de la nación Qhara Qhara, dijo que el Gobierno tiene la obligación de atender las demandas planteadas que se sustentan en la Constitución Política del Estado (CPE) del Estado Plurinacional y los derechos históricos y ancestrales.

"No es un pliego petitorio como lo hacen las organizaciones sociales, sino una petición de cumplimiento a la Constitución Política del Estado; un primer punto la restitución de las Tierras Comunitarias de Origen ancestrales, muchas empresas privadas, gobernaciones, municipios están fragmentando el territorio, no necesitamos documento de dotación, sino de propiedad de que somos dueños absolutos del territorio que nos dejaron nuestros ancestros", afirmó.

El segundo punto plantea el ejercicio pleno de la justicia originaria. "La justicia ordinaria es de igual jerarquía a la justicia indígena, pero se está vulnerando con la Ley de Deslinde Jurisdiccional en el artículo 10 parágrafo II", dijo.

Dicho artículo señala que el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a temas vinculados a la materia penal, civil y laborales, además del derecho internacional.

"En cuanto a la autonomía nos someten a un segundo referendo, cuando nosotros determinamos de acuerdo a nuestros usos y costumbres cómo queremos nuestra autonomía. pero con la Ley Marco de Autonomías nos someten a un proceso y nos llevan a un fracaso", señaló.

El tata Mario enfatizó que desde el Tawantinsuyo, Collasuyo, Antisuyo, Contisuyu, Chinchaysuyo, el territorio ancestral de la nación Qhara Qhara fue dividido desde antes de la colonia y después en república. "Eso ya no vamos a permitir ya que estamos en un Estado Plurinacional, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas y originarios y vamos a recuperar esos principios con nuestras luchas", señaló.

La líder indígena de la comunidad San José de Uchupiamonas de la región amazónica, Ruth Alipaz, explicó que su participación en la marcha no es la suma a la movilización, sino la unidad de los pueblos indígena, comunitario, campesinos, que exigen el respeto de sus territorios que hoy en día "están siendo más avasallados, más atropellados y más violentados que durante la república".

Alipaz denunció que el Gobierno de Evo Morales, a través de sus operadores como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cometen abusos y hasta violencia física, como lo sucedido en el ayllu Qhila Quila, Takovo Mora y otro.

"Es una marcha de los pueblos indígenas que pedimos respeto a nuestra autonomía y nuestros derechos (...). Se está convocando a los pueblos que sufren avasallamientos en sus territorios y se están sumando en el último tramo a poco porque la gente va entendiendo que es una lucha para todos los pueblos y toda Bolivia", sostuvo.

A la marcha también se unió un bloque en defensa de la Reserva Nacional de Flora  Fauna Tariquía, donde ingresaron petroleras para realizar actividades de exploración y explotación sin el consentimiento de las comunidades campesinas.

Por su parte, el ex curaca Samuel Flores dijo: "Al momento solo se habla de 36 naciones e idiomas y eso es absurdo, no pueden confundir idioma como nación. La Asamblea Legislativa debe hacer una norma para que El estado garantice los derechos políticos y económicos (...). Nosotros ya nos hemos reconstituido con un documento ancestral de un memorial de Charcas de 1583 que data de una demanda que han hecho al rey de España nuestros ancestros curacas de la nación Qhara Qhara".