Explicó que la tipificación de los delitos abarca el peculado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, manipulación informática, conducta antieconómica y sustracción de documentos.

Señaló que la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata intervino el municipio el 30 de enero de 2019 tras la difusión pública de audios que involucran en hechos de corrupción al ahora destituido alcalde Zacarías Jaita. Después de una minuciosa revisión de documentos se descubrió un mal manejo de recursos económicos en caja chica, la alteración del sistema RUAT, procesos administrativos no realizados, sustracción del registro biométrico y la pérdida de documentos.

“Estas denuncias penales contra actuales y exfuncionarios del municipio de Quillacollo tienen diferentes alcances de ilícitos que se han cometido en los últimos meses y las pasadas gestiones”, precisó Jiménez en conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba.

Informó que dos procesos penales son por la mala administración de caja chica, que involucra a exjefes de Recursos Humanos. “El funcionario Gerson Amílcar Escalera emitía cheques a favor de terceros porque seguro había gastos recurrentes, los anulaba y los hacía emitir a su nombre sin que existan descargos del porqué se gastaban montos de hasta 10 mil bolivianos. (…) Creemos que se ha producido un abierto desfalco y daño económico al Estado a partir de caja chica”, sostuvo.

El tercero está relacionado con el trabajador Jhon Paul Guzmán por haber manipulado informáticamente el RUAT. El cuarto es sobre 46 procesos sumariantes acumulados en la Alcaldía de Quillacollo, de los que desaparecieron 24 cometidos durante la gestión del suspendido alcalde Eduardo Mérida.

El quinto tiene que ver con la supresión y extracción del registro biométrico por la Unidad de Recursos Humanos desde el 30 de junio de 2018; y el sexto involucra al exjefe de la Unidad de Transparencia Gróver Gustavo Bohórquez, por llevarse toda la documentación de esa unidad cuando fue destituido.

“Presentamos las denuncias al Ministerio Público para que se investigue a estos exfuncionarios (…) Paralelamente, el informe final de la comisión identifica tres recomendaciones para procesos administrativos y auditorías. Se tiene que hacer una completa al RUAT para identificar irregularidades, posibles anomalías que puedan dar a conocer otros ilícitos. Otra a la adquisición de la planta de asfalto, un proceso de contratación que costó 11.695 bolivianos, en el que la documentación es confusa y dispersa; y una al Régimen de Incompatibilidades que el municipio no tiene de forma clara”, manifestó Jiménez.

Gobierno reitera cero tolerancia  a la corrupción

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, reiteró que por instrucción del presidente Evo Morales no se permite ni tolera ningún acto de corrupción en las entidades públicas.

Recordó que el Jefe de Estado definió la constitución de la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata —conformada por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado— para investigar y sancionar conforme establece la normativa a funcionarios que incurran en ilícitos en el ejercicio de sus funciones.

El director de la Agencia Estatal de Vivienda de Chuquisaca, Irineo Condori, fue aprehendido el jueves por cobros irregulares, al igual que otras autoridades que incurrieron en hechos de corrupción en el ejercicio del cargo.