Si el país está dividido en 339 municipios, se podría señalar que dos tercios de los alcaldes estarían siendo sometidos al revocatorio en el mes de noviembre. 
Ese análisis es a priori, porque es posible que para cada municipio se hubiesen presentado dos o más solicitudes y ello baja la cantidad de autoridades subnacionales cuestionadas y que se pretende someter a la institución democrática de ratificarlos o acortarles el mandato. Además, a diez diputados uninominales se pretende llevarlos también a probar el voto de confianza.
Una vez realizada la depuración de las solicitudes, se podrá determinar en base a la cantidad exacta si existe un mayor ejercicio de los controles sociales, ya que son ellos los que deben tramitar aquello. Luego del acto eleccionario, también se podrá determinar en base a los resultados, si eran intereses grupales o politiqueros los que primaron o evidentemente la población se cansó de las autoridades que no cumplieron con las obligaciones encomendadas.
Lo interesante es que la población está siguiendo el curso de la democracia y se quieren someter a sus reglas. Al final, se sabrá quiénes tiene la razón.