Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 16 de marzo de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia comunitaria
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Aduciendo daños ambientales e incumplimiento de normas laborales, la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel, de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, expulsó a la empresa minera La Candelaria y a su propietario, Wálter Huarachi, un empresario de 85 años de edad. Dirigentes de la comunidad dijeron que se procedió a la expulsión “conforme a los principios, valores, normas y procedimientos propios de esa comunidad”, como establece la justicia plural en Bolivia.
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El tema se agravó con la declaración constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tiene carácter de sentencia, que declaró aplicable y legal esa decisión. El TCP dispuso, además, que la mina y otros bienes de Huarachi pasen a ser propiedad de la mencionada comunidad.
Huarachi no recibió compensación alguna por la requisa de su propiedad porque la supuesta “justicia comunitaria” así lo permite. La declaración constitucional, que data de agosto pasado, pero que se conoció recién la semana pasada, fue firmada por los magistrados Gonzalo Hurtado Zamorano y René Espada Navia.
La Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, que norma el pluralismo jurídico, establece que “las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina No sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales”. Huarachi, debido a su edad, no debió ser afectado.
El fallo de los magistrados es gravísimo y sienta un precedente nefasto para que cualquier actividad económica o empresarial que se produzca dentro de una “comunidad indígena, originaria, campesina” pueda ser revertida ante simples acusaciones sin prueba y, además, sin derecho a reparación económica.
El suceso que ha afectado los derechos de Huarachi demuestra lo débil que es en Bolivia el Estado de Derecho y cómo las leyes pueden o no proteger a las personas dependiendo de las presiones políticas, sociales o de otro tipo.
La minería ha sido la más afectada por situaciones de este tipo. Solo en 2012 se registraron 58 tomas de minas por parte de comunarios. Uno de los casos más graves fue la confiscación, en 2013, de la mina Mallku Khota. Tras el arbitraje interpuesto por la canadiense South American Silver Limited, Bolivia tuvo que pagar 18 millones de dólares a esa empresa, en todo caso una cifra baja comparada con los millonarios pagos realizados por el Estado debido a una deficiente defensa para casos similares. Lo más grave del tema es que después de la expropiación, ese yacimiento nunca fue explotado.
