Sin embargo, expertas y líderes políticas creen que Ceballos debe renunciar porque para acceder a un cargo público una persona no debe tener  antecedentes de violencia contra la mujer.

    Ayer, a tempranas horas, Ceballos comunicó que atenderá  la solicitud del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien sugirió al TCP definir una licencia temporal para el tribuno. “Creo que tiene razón. Es una cuestión ética y en lo personal he tomado la decisión de solicitar al presidente del TCP una licencia, mientras se resuelva el caso”, dijo el magistrado.

  El 10 de marzo, Ceballos fue denunciado  por su esposa, ante la Fiscalía de Sucre,  por violencia intrafamiliar. La mujer  como prueba presentó el certificado del Instituto de Investigaciones Forenses,  que le otorgó siete días de impedimento. Horas después,  la víctima desistió del proceso y  sostuvo que se trató “sólo de una discusión”.

Ayer, el tribuno Ceballos admitió que agredió a su esposa y justificó el hecho al “acaloramiento” del momento.
   
Para la socióloga Sonia Montaño,   el magistrado “debe renunciar” porque la Constitución, en su artículo 15, determina que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia. 

“Si no renuncia Ceballos, será como tener un juez  ladrón o asesino. La violencia contra la mujer no es un accidente”, explicó Montaño, quien indicó que por esa razón se implementó en la Ley 348 que toda persona que desea acceder a un cargo público debe presentar un certificado de  no violencia. La experta subrayó que el magistrado ahora “tiene un antecedente”.

   Rosario Rocaldi, de la   Coordinadora de la Mujer,  afirmó: “No se puede tener autoridades de semejante jerarquía con antecedentes de violencia contra la mujer”.

 Tomasa Yarhui, abogada y política de oposición,  señaló que Ceballos ya no puede ser miembro del TCP, “primero por ética y moral; segundo, porque así manda la Constitución y la Ley, así la víctima haya retirado la denuncia, tal vez hubo presión”.

El artículo 114 de la Constitución establece que queda prohibida toda forma de violencia. “Los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”, se lee en el texto.

 Pese a que la víctima retiró la denuncia, el Ministerio Público comunicó que continuará de oficio con las pesquisas.

El texto constitucional establece  que los tribunos “cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley”.

La analista política Erika Brockmann sostuvo que  el alejamiento definitivo de Ceballos “debería de ser inminente por razones éticas más que por razones legales, pues un Gobierno que busca combatir la violencia no puede tener a la cabeza del más importante instituto  de justicia, como es el TCP, a personas que hayan incurrido en este tipo de delitos”.     

  Al filo de la tarde, los magistrados del TCP, mediante un  comunicado, calificaron de “pertinente la decisión de Orlando Ceballos, magistrado electo por el departamento de Chuquisaca, de sujetarse a los requerimiento de las autoridades públicas competentes”.

Punto de vista
Rosario Rocaldi  Coordinadora de la Mujer

Mínimamente, él debería renunciar 

El hecho de violencia contra la mujer sucedió, aunque él salga al lado de su esposa y la denuncia haya sido retirada. En realidad la violencia se da en ese contexto, pero a diferencia de cualquier ciudadano común, las autoridades con semejante jerarquía ya no son más ciudadanos privados, su vida ya es pública. 

    En ese marco, él como magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional debe ser el primero en cumplir la norma, para ser un ejemplo de sociedad, obviamente. La misma Constitución Política del Estado dice que un funcionario no debe tener antecedentes de violencia contra la mujer. 

 Ahora si esta violencia no se dio antes de que él se postule como magistrado para el Tribunal Constitucional y se da ahora, mínimamente el tribuno por ética debería de renunciar al cargo como lo dijo, incluso, el presidente de la Cámara de Diputados.

   Si no renuncia, lo que corresponde es que la Fiscalía investigue el caso. No se puede tener autoridades de semejante jerarquía con antecedentes de violencia contra la mujer.