En conferencia de prensa, abogadas y trabajadoras sociales del servicio social de justicia de Mujeres Creando, informaron que oficializaron la demanda para que el juez fije una pensión por manutención.

La abogada Nardy Gil dijo que se espera que en aplicación del artículo 116 del Código de Familias (Ley 603), se priorice el interés superior del niño y la autoridad judicial "debe fijar un monto por asistencia familiar acorde a las necesidades de su hijo y a sus ingresos como Viceministro".

Anunció que paralelamente a la demanda familiar, por vía penal se interpondrá una denuncia contra Machaca por violencia familiar, económica, psicológica y sexual.

La abogada detalló que el Viceministro "entregó a la madre de su hijo varios montos por asistencia familiar, pero a cambio le exigía ´favores sexuales´ bajo amenaza de cortar los aportes para la manutención del menor".

Dijo que la víctima "evidencia un cuadro depresivo como consecuencia de la violencia y el chantaje, al punto que en alguna oportunidad intentó suicidarse para poner fin a una situación que le resultaba insostenible".

Detrás de un lienzo con la inscripción "La asistencia familiar no es limosna", la expareja de Machaca ratificó a los medios de comunicación esos extremos y declaró: "Tengo miedo porque siempre me dijo que tiene mucho poder, que maneja magistrados (…), tengo miedo porque por dinero o bebida la justicia puede favorecerlo, y porque me dijo que me quitaría a mi hijo, porque según la ley el varoncito se va con el papá".

María Galindo, coordinadora de Mujeres Creando, la interrumpió para advertir que "cualquier cosa que suceda a la madre y al niño, puede ser responsabilidad de Machaca, y su compañera vive en una zona periférica de El Alto y varias veces antes la han amenazado".

La víspera, el viceministro Machaca rechazó la denuncia de Mujeres Creando, anunció que las demandará por la campaña política que llevan adelante para desprestigiarlo, y que presentará los depósitos bancarios que demuestran que cumplió con el pago de asistencia familiar.

Paola Gutiérrez, trabajadora social de Mujeres Creando, confirmó que la autoridad "realizó varios depósitos por montos que él definía a su arbitrio, entre 250 y 2.500 bolivianos".

Explicó que en función de lo que estipula la ley "es el juez quien debe definir el monto de la asistencia familiar, en función de las necesidades del niño y de las posibilidades del padre, y en este caso vamos a demandar una manutención de tres mil bolivianos" y lo desafió a demandarlas. "Qué haga fila porque no es el único que no ha amenazado con demandarnos", puntualizó.

Dijo que también exigirá que el padre integre a su seguro de salud al menor, se responsabilice de efectuar el diagnóstico médico para confirmar el grado de discapacidad del niño y garantizar las terapias que requiere para su restablecimiento.