“Esperemos que en pleno el Tribunal Constitucional, además formado mayoritariamente por mujeres, tome una decisión de pedirle la licencia, al menos, entretanto dure la investigación, para que se lleve adelante una investigación objetiva”, dijo Arce.

   
El pasado 10 de marzo, el magistrado Ceballos fue denunciado  en el Ministerio Público de Sucre por su esposa por el  delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la pareja apareció el miércoles  para señalar que se trató sólo de una “discusión”.

Según el documento de la denuncia, Carmela Wilma Tórrez sentó una denuncia en el Ministerio Público por el delito de violencia familiar o doméstica en contra de Ceballos, quien fue convocado  ayer a efectos de prestar su declaración.

De acuerdo a la denuncia presentada por la víctima, el hecho sucedió el pasado 10 de marzo en horas de la noche, cuando la pareja discutió y Ceballos habría reaccionado de manera agresiva, propinándole golpes en el rostro, en el brazo y en la cintura.

Diputados de oposición  solicitaron la renuncia del magistrado Ceballos. “Un violento no puede estar en el Tribunal Constitucional”, sostuvo  el asambleísta  Wilson Santamaría.

En Sucre, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz,  indicó  que “el magistrado  acusado de violencia  debe ser suspendido mientras se realiza una investigación y  una verificación sobre si el denunciado tiene antecedentes de violencia familiar”, según Abya Yala Televisión.   

“No sería la primera vez”

 El Ministro de Justicia dijo   que recibió información de que no fue la primera vez que el magistrado agredió a su esposa  y aseguró que el Gobierno  garantiza “más justicia, igualdad y respeto a las mujeres”.

 “Hemos conocido con mucha pena una denuncia que habría presentado su esposa (Carmela Wilma Tórrez Surata) del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional  Orlando Ceballos  y lo más preocupante es que no sería la primera vez, habría una suerte de denuncias que se han presentado en tiempos pasados y ésta es una situación que no podemos aceptar”, expresó. 

La autoridad dijo  que es inaceptable que un magistrado, que imparte justicia constitucional, esté involucrado en una denuncia de violencia contra la mujer.

La Fiscalía departamental de Chuquisaca anunció que  investigará de oficio  la denuncia contra   Ceballos  y declaró el caso en reserva.

  “Si bien existe un desistimiento, evidentemente el Ministerio Público tiene todas las facultades para seguir la investigación del caso de oficio”, dijo el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, según la red  Erbol.

  Culparon a las redes sociales

Ceballos y su esposa dieron una conferencia de prensa para señalar que se trata de un “problema estrictamente personal”, el que fue magnificado en las redes sociales.

“Un problema estrictamente de carácter personal... lamento que las redes sociales hayan magnificado con niveles de escándalo lo que fue una discusión que cualquier pareja o matrimonio puede tener”, sostuvo el magistrado.

“Tuvimos una discusión, en ese ámbito se hizo la denuncia (…). Me sorprendí cuando se viralizó en las redes sociales”, dijo  la esposa de la autoridad. Sin embargo, en su declaración,  Tórrez  señaló que sufrió agresiones físicas de la autoridad.

En la conferencia de prensa  la pareja del magistrado confirmó que hizo la denuncia, pero también que desistió de ella. “No es así, eso está totalmente magnificado”, afirmó.

Su postura  frente a la repostulación

•  Reacciones El presidente de la Cámara de Diputados por el MAS, Víctor Borda,  dijo que el magistrado debería renunciar a su cargo. “Eso es grave, porque si bien es un requisito de admisión que no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar, una vez que ejerces el cargo es peor”, declaró.
• Perfil  Ceballos declaró en enero del 2018 que el fallo emitido por sus antecesores, respecto a la reelección indefinida que favorece al presidente Evo Morales, no es un tema revisable y es de cumplimiento obligatorio.
• Medida  El año pasado, Ceballos fue el que  amenazó con activar los mecanismos que sancionan el incumplimiento de las sentencias constitucionales,  en caso de que no se acate el polémico fallo que habilitó a Morales para una reelección indefinida.