Pero no solo es la “gestión compartida”, una forma de acoso político por la que la autoridad se ve forzada a renunciar por efecto de un acuerdo con su concejal suplente, también existen otras formas de violencia que han sufrido las autoridades mujeres durante 2018.

Casos de acoso sexual, retención de salarios e incluso presiones, con distintos matices, se leen en las denuncias, pero con impactos distintos en cada uno de los departamentos (ver infografía).

Bernarda Saure, directora ejecutiva de Acobol, explicó a La Razón que la figura de “gestión compartida” representa, en realidad, una causa de acoso, pues esta modalidad —siempre de acuerdo con las denuncias— provoca presiones y amenazas para forzar a las mujeres concejalas a renunciar a sus cargos, incluso mediante compromisos notariados.

A excepción de Pando, en ocho departamentos del país se presentaron denuncias sobre esta modalidad de acoso; 51 en total (44%). De esta cifra, se dieron 33 casos de “presión para renunciar” y 16 de “renuncias forzadas” y dos casos de procesos revocatorios de mandato que no llegaron a prosperar. “En muchos casos, las concejalas prefieren honrar los acuerdos y renunciar”, afirmó.

“Tenemos muchos otros casos que no los conocemos” y que se dan especialmente en el área rural, puntualizó Saure, luego de destacar que la entidad que dirige está abierta a recibir las denuncias de las mujeres que fueron elegidas para ejercer un mandato.

Otra de las causales que gatillan casos de acoso y de violencia contra las ediles son el efecto del ejercicio político de las mujeres para fiscalizar las obras y de disentir respecto a las decisiones y contratos, principalmente, para la edificación de infraestructura.

“Existen presiones para la firma de acuerdos que reciben muchas mujeres y que se materializan en amenazas”, señaló la directiva de la Acobol. Saure también  hizo notar que regularmente se presentan tensiones por efecto del empantanamiento para la elección del presidente de sus concejos, lo que provoca otro tipo de presiones, vinculadas con la afinidad política. En otros casos, incluso, se dio la retención de salarios de las concejalas. “De estos casos hemos tenido 10. Aún estamos dando batalla en cuatro, puesto que en seis se ha podido resolver la restitución de los salarios”, aseguró la dirigente.

En 2012 se promulgó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres; desde el 10 de octubre de 2016, cuatro años después, la norma tiene un reglamento que conceptualiza y establece las diferencias respecto a acciones de acoso y violencia política.

LEY Así, la presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física, psicológica y sexual son acciones que delatan el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público.

El pasado año, cobró notoriedad el caso de Vicencia Apaza, concejala del municipio de San Pedro de Curahuara, provincia Gualberto Villarroel de La Paz, quien por varios meses “persiguió” en motocicleta a sus colegas para poder sesionar. Según la querella, los ediles de su región trataron de despistarla, programando las reuniones en comunidades alejadas sin avisarle a tiempo para que no asista. Saure explicó que en 2018 fue recurrente este tipo de caso de discriminación y limitación del mandato de las ediles.

Así, La Paz concentra 58 de los 117 casos de 2018. El departamento es donde más denuncias hay.