"Por un error involuntario se consigna la fecha del 25 de septiembre de 2017 (...), de tal modo que podemos mencionar que la sentencia emitida el 28 de diciembre de 2017 fue básicamente de carácter legítimo, efectuada por los magistrados suscribientes", explicó.

La Sala Segunda compuesta por el presidente del TCP Macario Lahor Cortez Chávez y Zenón Hugo Bacarreza Morales quienes firmaron la Sentencia Constitucional Plurinacional 0996-2017-S2 el 25 de septiembre de 2017 y se respalda en la SCP 0084/2017 que salió dos meses después, el 28 de noviembre de 2017, cuando el TCP rehabilitó la candidatura de presidente Evo Morales.

Lo curioso es que al momento de emitirse el fallo, no existía la jurisprudencia en que se apoya la sentencia, favoreciendo a Samuel Doria Medina que fue investigado por la Comisión Mixta de Investigación de la Privatización y la Capitalización en 1989-2000.

La sala segunda del TCP emitió un fallo en favor del empresario Samuel Doria Medina ante el amparo constitucional presentado por sus representantes legales; sin embargo, se presentó una confusión debido a que ese fallo habría sido emitido dos veces, una el 25 de septiembre de 2017 y la otra el 28 de diciembre del mismo año con el mismo número 0996/2017.

Bacarreza, que fue el que firmó el fallo 0996, reiteró que fue por error que se emitió con dos fechas diferentes cuando la oficial es el 28 de diciembre de 2017 y tiene, dijo, carácter vinculante y obligatorio.

"De tal modo que podemos mencionar que la sentencia emitida el 28 de diciembre de 2017 fue básicamente de carácter legítimo, efectuada por los magistrados suscribientes y, básicamente, como la doctrina constitucional señala, que las sentencias son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio", remarcó.

Bacarreza aseguró que ese tipo de errores se pueden subsanar con una complementación o enmienda, pero reiteró que el carácter vinculante de ese fallo se mantiene vigente.

El caso Focas se refiere a un presunto desvío de dineros públicos, que ascienden a 21 millones de dólares, a cuentas privadas de Funda Pro en 1992, cuando Doria Medina ejercía la función de Ministro de Planeamiento, en el Gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora.